El Gobierno nacional anunció inversiones para conectar Vaca Muerta con puertos sobre el Atlántico, mientras continúa la investigación por la compra de alimentos para la Quinta de Olivos y se desarrollan otros acontecimientos políticos y judiciales.
El Gobierno nacional anunció inversiones para vincular Vaca Muerta con los puertos sobre el océano Atlántico. El anuncio coincidió con la difusión de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano sobre la compra de alimentos para la Quinta de Olivos.
Pagano amplió dos veces en una semana una denuncia para investigar si las 30 toneladas de carne y 90 de verduras tenían como destino final la empresa «Pancitos caseros» y no la residencia presidencial. «Pancitos caseros» es una empresa de catering propiedad de Belén Agudiez y su hermana Analía. Belén Agudiez fue hasta el viernes pasado subsecretaria de Planificación, área que dependía de Karina Milei y estaba a cargo de los gastos de funcionamiento de la Casa Rosada y Olivos. La diputada solicita determinar si personas fueron empleadas a cambio de prestar servicios gratuitos a «Pancitos caseros».
Tras la salida de Agudiez, Karina Milei resolvió que el área que ocupaba dependa de Ignacio Devitt, exconcejal de Vicente López. En el Gobierno no faltó quien se sorprendiera del silencio del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre Laura De Marinis, jueza porteña que desconoció el delito cometido por un menor bajo el nuevo régimen penal juvenil. Santilli había criticado antes a Marta Pascual, jueza de minoridad bonaerense que declaró inconstitucional al nuevo régimen. Según algunas fuentes, Santilli negoció personalmente con Daniel Angelici la designación de De Marinis, lo que habría llevado a Jorge Macri a pedir su juicio político a través de su ministro de Justicia, Gabino Tapia.
En la provincia de Buenos Aires, aliados del gobernador Axel Kicillof cuestionan a Cecilia Nicolini, asesora en asuntos internacionales, por su proyecto presidencial. Nicolini cumplió el mismo rol para Alberto Fernández y es investigada por el fiscal Carlos Stornelli junto a otros exfuncionarios por una presunta demora deliberada en las negociaciones con Pfizer para la compra de vacunas contra el Covid-19. También se le reprocha a Kicillof pasar por alto el vínculo con Ignacio Lamothe, designado al frente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) por Wado De Pedro. La crítica más reciente a Nicolini es haber aprovechado el desayuno servido en la ONU por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para hacer campaña a favor de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo de España y candidata a titular de la OIT.
En Santa Fe, los fiscales Matías Scilabra y Juan Argibay Molina presentaron un dictamen sobre el lavado de dinero concretado en el puerto de Rosario por el clan Pujol entre 2004 y 2019 por intermedio de su presidente, Gustavo Shanahan. Jordi Pujol es el expresidente de la Junta de Cataluña y está acusado con sus cinco hijos de ocultar en Andorra una fortuna amasada irregularmente a través de su actividad política. Pujol padre fue eximido de declarar en esa causa por su avanzado estado de demencia senil. Shanahan, condenado a ocho años de prisión domiciliaria por lavar dinero del narcotráfico, ofició de testaferro de Jordi Pujol Ferradas. El Ministerio Público evita confirmar si investiga el posible nexo entre el exjuez Bailaque, Gastón Salmaín y el extitular del Arca Santa Fe, Carlos Vaudagna, con Diego Feser, abogado del estudio Casanova, Mattos y Salvatierra.
El puerto de Rosario es uno de los ubicados sobre el océano Atlántico. A los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba se les atribuye especular con una derrota del peronismo en 2027 para ser candidatos a presidente cuatro años después. Ninguno de los dos despierta expectativas en la opinión pública según el sondeo de septiembre de la Universidad de San Andrés.