El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tramita un sumario administrativo contra la investigadora Virginia Aparicio, quien se desempeña en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. El proceso, que contempla la posibilidad de exoneración, se originó tras su participación como coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea para estudiar la exposición a plaguicidas. La resolución está a cargo del Consejo Directivo del organismo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa un proceso administrativo que involucra a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, con más de 20 años de trayectoria en el organismo y en el CONICET. Aparicio se desempeña en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y su investigación se centró en la presencia, movilidad y persistencia de plaguicidas en suelos, agua, alimentos y organismos.
El origen del conflicto se remonta a su participación como coordinadora argentina del proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por la Unión Europea que reunió instituciones de distintos países para estudiar la exposición a plaguicidas y sus posibles impactos sobre el ambiente, los animales y las personas. Argentina fue el único país sudamericano que participó del relevamiento, con 73 personas involucradas entre productores y habitantes de zonas rurales y urbanas.
Según la reconstrucción difundida por distintos medios, el proyecto había sido aprobado institucionalmente por el INTA y presentado públicamente como parte de las actividades científicas del organismo. Sin embargo, en 2023 la conducción del instituto suspendió la presentación pública de los resultados y posteriormente puso fin a la participación argentina en la segunda etapa del proyecto.
Este año, según APINTA y el abogado de la investigadora, se inició un sumario administrativo que contempla la posibilidad de exoneración, la sanción disciplinaria más grave dentro del empleo público nacional. La información fue difundida públicamente antes de que Aparicio recibiera, según declaró ella misma, una notificación formal del expediente. La investigadora sostiene que el conflicto está vinculado con la comunicación de los resultados obtenidos durante el proyecto.
El caso provocó pronunciamientos de APINTA y de distintas organizaciones vinculadas con la comunidad científica y ambiental. APINTA manifestó su preocupación por lo que calificó como una situación de «persecución, censura y silenciamiento» y defendió el derecho de los investigadores a desarrollar sus trabajos y comunicar sus resultados. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresó su preocupación por la eventual exoneración y recordó que el proyecto SPRINT había sido desarrollado dentro de un consorcio internacional. En paralelo, comenzó a circular un petitorio en respaldo de Aparicio que, según los datos difundidos por sus impulsores, ya reúne miles de firmas y adhesiones de investigadores de distintos países.
El caso también tuvo repercusión en medios nacionales. Una nota de El País América Futura publicada meses atrás había recuperado el trabajo de Aparicio en investigaciones relacionadas con contaminación por plaguicidas en Pergamino, donde estudios realizados por el INTA detectaron distintos productos en muestras de agua.
Más allá de la situación administrativa particular —cuya resolución todavía no está definida—, el caso plantea una discusión de fondo para el sistema científico público. ¿Hasta dónde puede llegar un investigador cuando los resultados de una investigación generan controversia? ¿Qué reglas deben regir la comunicación de resultados obtenidos con respaldo institucional? ¿Y qué garantías necesita un científico para investigar, publicar y discutir evidencia, incluso cuando sus conclusiones resultan incómodas? Son preguntas especialmente sensibles para un organismo como el INTA, cuya misión combina investigación, innovación, extensión y transferencia tecnológica al sector productivo.
El Consejo Directivo del organismo deberá resolver la situación disciplinaria. Mientras tanto, APINTA y distintas entidades reclaman que se preserve la libertad científica y las condiciones necesarias para desarrollar investigaciones con independencia.
El episodio se produce, además, mientras el INTA discute su planificación de mediano plazo y el esquema de recursos que permitirá sostenerla. El organismo cuenta históricamente con dos fuentes específicas de financiamiento: el 0,45% del valor CIF de las importaciones y otro proveniente de la recaudación de la tasa de estadística, establecido por la Ley 23.664. La eventual modificación o eliminación de estos mecanismos es seguida con preocupación por sectores vinculados al instituto, debido a que la investigación científica requiere continuidad presupuestaria y planificación de largo plazo.