La obra de Adolfo Suárez Illán se publica en un contexto de tensiones políticas, crisis migratoria en Ceuta y causas judiciales que involucran a figuras socialistas.
«La concordia fue posible». Es el lema que figura en la lápida bajo la que descansa el cuerpo de Adolfo Suárez, presidente del gobierno español que, junto con el Rey Juan Carlos I, el socialista Felipe González y el secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, protagonizaron la transición política española tras la muerte de Franco. Dicha frase encabeza también las páginas de un libro reciente firmado por el hijo del propio Suárez, en el que reclama la necesidad de una nueva concordia entre españoles.
La obra se publica en un momento de tensión política en España. Según el autor, las causas no son exclusivamente locales: el mundo vive el nacimiento de una nueva civilización de dimensiones hasta ahora desconocidas, tanto por el creciente número de habitantes como por la velocidad de los cambios de todo género. Cambio geopolítico, cambio tecnológico, cambio poblacional y cambio climático. «Demasiadas mudanzas para el cuerpo», señala.
El texto sostiene que hay muchos elementos comunes en la reciente trayectoria de los más diversos países. Pero en España, según el autor, la particularidad es la sanación por parte de la clase política de la fractura ideológica, política y hasta territorial de los dos bandos que protagonizaron la guerra civil de 1936 a 1939. Cita el verso de Antonio Machado: «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón».
El autor afirma que ahora es como si el lamento de Machado resucitara por culpa del «desvarío de una clase política cuya experiencia personal se concreta solo en sus vivencias de la España democrática del último medio siglo», a las que la izquierda se muestra cada día menos leal. Sostiene que no hay solo dos Españas, sino dos mundos enconados y opuestos, y una polarización global que se encarna en conflictos bélicos de suma peligrosidad: las guerras de Oriente Medio y de Ucrania. No obstante, señala que en cada país los conflictos mundiales tienen resonancias diversas, y la historia de España está marcada por una larga sucesión de guerras civiles pero no se vio directamente involucrada en ninguna de las dos grandes guerras.
El libro atribuye la inestabilidad y polarización política españolas en gran medida al comportamiento del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en nombre de una llamada memoria democrática que, según el autor, pretende ignorar que la actual Constitución marcó la reconciliación entre los vencedores y vencidos de la guerra civil. Afirma que los socialistas perdieron las elecciones de 2019 frente a la derecha representada por el Partido Popular. Lejos de reconocer la derrota, y habida cuenta de que nadie tenía mayoría absoluta, Pedro Sánchez organizó una coalición junto con la extrema izquierda y los partidos independentistas catalanes y vascos, entre ellos Bildu, la formación heredera de la banda terrorista ETA que durante la transición y en plena democracia llevó a cabo cientos de asesinatos, entre los cuales algunos de reputados líderes del propio PSOE. En realidad, según el autor, el actual gobierno no nació para gobernar sino para impedir el acceso al poder del Partido Popular que sin embargo lidera la gran mayoría de las comunidades autónomas del entramado pseudo federal de España. Añade que es tan débil parlamentariamente el gobierno de Sánchez que no ha podido aprobar y ni siquiera presentó ningún proyecto de presupuesto del Estado durante más de tres años de legislatura. Sus dificultades para aprobar las leyes le han llevado a ejercer el poder fundamentalmente a través de decretos. El propio Sánchez declaró estar dispuesto a gobernar sin el Parlamento, y así lo ha hecho, según el texto.
El autor sostiene que el PSOE sanchista ha combatido su debilidad parlamentaria anulando prácticamente la oposición interna en el propio partido, y denigrando a los pocos militantes que se atreven a enfrentarse a él, entre los que cabe destacar al presidente de la autonomía de Castilla-La Mancha. A pesar de todo, al menos hasta hace poco tiempo el partido mantenía un considerable apoyo popular, en contra de las directrices de sus líderes históricos más respetados como Felipe González, verdadero creador de la socialdemocracia española tras el franquismo y el primer ministro que más tiempo ha estado al frente del gobierno desde el fin de la dictadura. Públicamente ha declarado que si en las próximas elecciones Sánchez sigue siendo el candidato de su partido, él no le votará.
No obstante, según el libro, desde hace pocos meses dos sucesos inesperados para el sanchismo han comenzado a doblegar su resiliencia. En primer lugar, la apertura de varios sumarios judiciales sobre las actividades de Rodríguez Zapatero, a fin de investigar su remunerada complicidad con el gobierno de Maduro. Al margen de que la policía encontrara en su oficina, en una caja fuerte oculta, joyas valoradas en más de millón y medio de dólares que nunca declaró al fisco y cuya procedencia no es capaz de identificar. Zapatero presumía de ser una especie de reserva moral del partido frente a las ya conocidas corrupciones de los colaboradores de Sánchez. Ahora pelea por evitar la cárcel y el oprobio de los ciudadanos. Pero si no se logra recomponer la socialdemocracia como un partido de centro izquierda leal a la Constitución y a las exigencias de la democracia liberal, la recuperación de la concordia se hará difícil, afirma el autor.
Por último, el libro señala que lo que ha venido a derribar cualquier atisbo de capacidad de gestión y limpieza moral en el gobierno socialista han sido los sucesos en la ciudad autónoma de Ceuta que, junto con la de Melilla, son poblaciones del norte de África oficialmente reconocidas como españolas no solo en la constitución del país sino en los tratados con la Unión Europea. Ciudades que llevan más de cuatrocientos años formando parte de la soberanía española, mucho antes de que existiera el reino de Marruecos, con el que son fronterizas. El día 30 de julio una multitud de entre ochenta y cien mil ciudadanos residentes en el país marroquí, la mayoría de ellos con dicha nacionalidad, invadió Ceuta en lo que el propio Sánchez denunció como un ataque a la integridad territorial del estado español, y por lo tanto a su soberanía. Pero después de esa declaración, todavía con los invasores presentes en suelo español, se retiró a descansar a las islas Canarias alegando que tenía derecho como todos a disfrutar de sus vacaciones de verano. Sin embargo, no todo el mundo gozaba de esa prerrogativa. Ochenta mil ciudadanos ceutíes, una población en la que conviven en armonía españoles católicos, musulmanes, hindúes y judíos, padecen todavía las consecuencias de la invasión: inseguridad, miedo, posibles epidemias y abandono del gobierno del estado ante nuevas amenazas. Aunque tras la declaración de Sánchez hubiera sido lógico declarar un estado de alarma o excepción e incluso la movilización del ejército para devolver los invasores a territorio marroquí, el gobierno prefirió manejar la situación como si se tratara solo de una gran crisis migratoria y no de una agresión a la soberanía. Muchos de los invasores regresaron a Marruecos, pero en realidad a estas alturas no se sabe cuántos miles permanecen en Ceuta, durmiendo en las calles a la intemperie o en chabolas improvisadas. El gobierno entiende que al menos pueden ser diez mil. Las autoridades ceutíes hablan de un mínimo de veinte mil. El desorden, la creciente violencia, la ausencia de efectivos suficientes para mantener la seguridad, justifican las protestas de los ciudadanos contra el doblegamiento de Sánchez y su equipo ante Marruecos. Quizás todo se deba a que los teléfonos del presidente y varios de sus ministros fueron pirateados por los servicios secretos marroquíes mediante el sistema Pegasus. Rabat tiene informaciones y cientos de horas de conversaciones que podrían servir para chantajearles.
Lejos de ser el de Ceuta un problema que solucione el tiempo, casi dos meses después de producida la invasión, el Parlamento y la Comisión Europea han exigido responsabilidades a Marruecos por lo sucedido. En las últimas semanas hasta cuatro ministros del gobierno de Rabat han reclamado públicamente que las ciudades autónomas españolas sean «devueltas» a su país, cuando nunca le pertenecieron. Las fronteras de Ceuta y Melilla son fronteras europeas. Y quién no es ya un socio fiable para la mayoría de la opinión pública española es Pedro Sánchez, según el autor. Un mentiroso compulsivo que a cambio del poder que no ganó en las urnas renunció a las promesas que hizo durante la campaña electoral y terminó aliándose con los partidos independentistas e incluso con los herederos del terror, es decir todos los enemigos del Estado. De modo que la reinvención de las fronteras en el mapa dibujado por Trump contra México, Canadá o Dinamarca, amenaza también a extenderse a España. La Casa Blanca y el gobierno israelí, que controla el sistema Pegasus, son los principales aliados occidentales de Rabat.