El Frente Sindical de Universidades Nacionales confirmó un plan de lucha que incluye paros de 24 horas el 18 y 22 de septiembre, ceses de actividades rotativos hasta el 22 de octubre y una movilización nacional el 15 de octubre. El Gobierno mantiene una oferta de aumento del 6% bimestral, mientras los sindicatos reclaman una recomposición mayor y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de las universidades públicas continúa sin acuerdo. En la paritaria de esta semana, el Ministerio de Capital Humano mantuvo su propuesta de un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, lo que representa una recomposición acumulada del 6% para el bimestre. Los gremios docentes y no docentes ratificaron las medidas de fuerza anunciadas: paros rotativos durante un mes y una nueva Marcha Federal a mediados de octubre.
Cuándo serán los paros universitarios
El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un plan de lucha que comienza con dos jornadas de paro de 24 horas: la primera el viernes 18 de septiembre y la segunda el martes 22 de septiembre. A esas medidas se suma un esquema de acciones escalonadas desde el lunes 21 de septiembre hasta el jueves 22 de octubre, con ceses de actividades parciales y rotativos, jornadas de visibilización y actividades de protesta.
El cronograma incluye una nueva movilización nacional. La quinta Marcha Nacional Universitaria fue convocada para el jueves 15 de octubre, con participación prevista de docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y otros sectores de la comunidad universitaria.
Qué reclaman los trabajadores universitarios
Los gremios sostienen que el reclamo excede la discusión salarial. Además de la recomposición de haberes, piden mayores recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, becas estudiantiles y actividades de docencia, investigación y extensión.
El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), Daniel Ricci, afirmó: «El Gobierno vuelve a presentar una propuesta que está completamente alejada de lo que necesitamos para recuperar nuestros salarios». Y agregó: «No vamos a naturalizar esta pérdida ni aceptar que se incumpla una ley vigente».
Según el Frente Sindical, la pérdida salarial acumulada equivaldría a alrededor de cuatro salarios, de acuerdo con cálculos de las propias organizaciones gremiales. La Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, también confirmó su adhesión a las medidas.
La posición del Gobierno
El Ejecutivo sostiene que el incremento del 3% para septiembre se aplicará aun sin acuerdo paritario y que, sumado a los aumentos previos, permite avanzar en el cumplimiento de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La administración nacional toma como referencia el acuerdo alcanzado el 10 de junio y el incremento del 3% previsto para septiembre.
Los gremios cuestionan esa metodología de cálculo y sostienen que debe contemplarse la pérdida acumulada desde diciembre de 2023. Según los sindicatos, existe una diferencia cercana al 35% para cumplir con lo que consideran establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.
Financiamiento y Presupuesto 2027
La discusión salarial se enmarca en una disputa más amplia sobre el financiamiento de las universidades nacionales y el Presupuesto 2027. Según datos oficiales, el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno contempla alrededor de $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que el sistema requeriría cerca de $11 billones para 2027.
El conflicto se mantiene sin visos de acercamiento. Mientras el Gobierno afirma que el aumento ofrecido forma parte de una secuencia de recomposición salarial y permite avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas, los sindicatos consideran que la propuesta no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido y reclaman la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.