La Secretaría Nacional de Discapacidad fijó la actualización mensual por inflación para septiembre. Una abogada especializada cuestionó el impacto de la medida y advirtió sobre cambios en el financiamiento previstos en el Presupuesto.
El Gobierno nacional oficializó un incremento del 1,7% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que regirá durante septiembre. La actualización fue establecida mediante la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad y mantiene el mecanismo de ajuste mensual por inflación, además del adicional del 20% para la zona patagónica.
Entre los nuevos montos, un Centro de Día de doble jornada de categoría A pasó a percibir más de $1,12 millones mensuales, mientras que un hogar permanente de la misma categoría supera los $2,1 millones. En tanto, el valor reconocido para el transporte se elevó de $900,01 a $915,31 por kilómetro y el módulo de alimentación pasó de $4.931,79 a $5.015,63.
La abogada en Derecho de la salud y Derecho de las Personas con Discapacidad, Marta Lastra, declaró que el debate excede el porcentaje del aumento. «Lo más complejo no es la actualización de los aranceles. Lo más grave es que quieren terminar con la universalidad de las prestaciones», afirmó.
Según explicó, el proyecto de Presupuesto prevé modificar el actual esquema de financiamiento de las prestaciones, que hoy garantiza un mismo valor independientemente de si la cobertura corresponde a una obra social, una prepaga, PAMI o Incluir Salud. «Vamos a tener personas con discapacidad de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría, dependiendo de sus posibilidades económicas. Es totalmente discriminatorio», advirtió.
Lastra señaló que el sistema ya atraviesa una situación crítica por el atraso de los aranceles y las demoras en los pagos, por lo que considera que un incremento del 1,7% no modifica el escenario. «Hoy una prestación ambulatoria ronda los $20.000 y el transporte está en alrededor de $900 por kilómetro. Estamos muy lejos de valores lógicos, reales y justos», sostuvo.
«Vamos a tener menos prestadores porque van a elegir irse con quien paga más y no quedarse con quien paga menos», aseguró. La consecuencia, explicó, ya comienza a sentirse en las familias. «Muchas personas ya se están quedando sin prestaciones y se van a quedar más. Hay centros de día que están atendiendo gratuitamente desde marzo porque todavía no reciben las autorizaciones de Incluir Salud».
«Cuando una persona deja de asistir a una prestación, alguien tiene que quedarse a cuidarla. Ese familiar muchas veces tampoco puede ir a trabajar. Esto afecta directamente la economía de las familias», señaló. «Las prepagas aumentaron cerca de un 500% y esa actualización nunca llegó a las prestaciones por discapacidad. No hay una proporción».
Asimismo, dijo que «las tareas de cuidado no las puede realizar cualquier persona. Tiene que ser alguien preparado. No lo podés dejar con una tía para irte a trabajar, tiene que ser alguien que sepa cómo acompañarlo».
La abogada también cuestionó la eliminación del mecanismo que permitía a los titulares de pensiones no contributivas incorporarse al empleo formal sin perder inmediatamente la cobertura de salud. Según explicó, esa herramienta funcionaba como un puente para favorecer la inserción laboral y evitar que las personas quedaran atrapadas en un esquema exclusivamente asistencial. «Los condenan a la indigencia y a quedar excluidos del sistema formal de trabajo», sostuvo.
Desde su experiencia personal como madre de un joven con discapacidad, afirmó que la discapacidad genera gastos permanentes que muchas veces no son visibles. «La discapacidad tiende a empobrecer la economía familiar. Es triste decirlo, pero es verdad».
Y concluyó con una advertencia sobre el impacto que, a su juicio, tendrán las modificaciones previstas: «Es un sector vulnerable. No está bien que se profundicen estas desigualdades. Lo que está pasando no es justo».