La investigación apunta a que durante 16 años la terminal fluvial funcionó como pantalla para inyectar dinero de la corrupción catalana. Los fiscales federales solicitaron las detenciones de Gustavo Shanahan y Jordi Pujol Ferrusola, entre otros imputados.
ROSARIO.- Un grupo de fiscales federales integrado por Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené pidió esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) y de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley. La causa investiga lavado de dinero y narcotráfico.
El foco de la acusación recae sobre Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR, y sobre Pujol Ferrusola. También quedaron imputados Graciela Niobe Tuero, esposa de Shanahan, y sus hijos Esteban Gustavo y Lucila Olga, además de varias empresas que, según el Ministerio Público Fiscal (MPF), habrían sido utilizadas como pantallas sin sustancia económica real.
Según la investigación, entre 2004 y 2005 llegó a la terminal la primera inyección de fondos. En febrero de 2005, la firma offshore Brantridge Holdings Ltd. transfirió 1.850.000 euros a Loster Company S.A., una de las sociedades locales del entramado. Ese dinero habría financiado el aumento de capital de la concesionaria.
Los registros migratorios indican que Pujol Ferrusola viajaba a Rosario en momentos clave. En enero de 2005, días antes del desembolso, se lo registró embarcando en el aeropuerto de la ciudad rumbo a Uruguay junto a Shanahan y al entonces presidente de TPR. En un correo de diciembre de ese año, Pujol le escribió a Shanahan que le había pedido 500.000 y que él le había enviado 1.500.000.
La mecánica del lavado, según los fiscales, consistía en convertir dinero de origen ilícito en bienes y operaciones de apariencia legal. El corazón del esquema fueron las acciones de TPR. Tres sociedades —Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A.— concentraban casi todo el capital de la concesionaria. Dos de ellas se habían constituido en Tarragona, España, y declaraban un mismo domicilio en Buenos Aires.
Entre 2010 y 2012, ese paquete accionario se vendió por tramos, principalmente a firmas ligadas a la agroexportadora Vicentin, por cifras millonarias en dólares. Para los fiscales, la operación transformó el activo: el dinero corrupto había ingresado como inversión y al vender las acciones salía como precio de venta, con apariencia lícita.
En 2015 se firmó un convenio de reconocimiento de deuda por el cual una de las sociedades españolas simulaba deberle a Shanahan 850.000 dólares por supuestas gestiones comerciales. Según la acusación, esa deuda nunca existió y era la excusa para girarle dinero fraccionado a una cuenta de Shanahan en el Bank of New York Mellon, en Estados Unidos.
Los fiscales sostienen que, entre 2018 y 2019, las cuotas cobradas por la venta de las acciones —unos 35 millones de pesos— se hicieron circular a través de al menos diez contratos de mutuo entre empresas del grupo y firmas como Increase S.A., Natural Food S.R.L. y Los Araucos S.R.L. Esos préstamos habrían sido simulados: se depositaban cheques y se los retiraba de inmediato en efectivo por ventanilla.
Shanahan ya fue condenado por narcotráfico. En 2023 recibió siete años de prisión por integrar la organización del narco peruano Julio Rodríguez Granthon. Desde su financiera de calle España al 889, una cueva de Rosario, proveía dólares para comprar cocaína. En octubre de 2021, un allanamiento a esa cueva permitió secuestrar unos 34 millones de pesos, dólares, más de cuatro kilos de cocaína y armas.
La causa por lavado sostiene que Shanahan habría blanqueado ganancias del narcotráfico comprando y cambiando fichas en las salas VIP del casino de Rosario, por más de 23 millones de pesos. El nexo con la calle era Iván Ferrarons, exrugbier apodado Iván Dólar, quien recibía el dinero narco, lo contaba, lo pasaba a divisas y lo sacaba del país. Ferrarons fue localizado en España y tiene pedido de captura internacional.
Tuero, la esposa de Shanahan, aparece transfiriendo inmuebles a precios irrisorios durante la quiebra del matrimonio y firmando una donación de dinero en efectivo simulada para justificar la compra de una propiedad por parte de sus hijos. Esteban, el hijo, ocupó cargos en las sociedades, continuó la gestión de los créditos y presidió Pro Puerto S.A. desde 2020. Lucila, la hija, compró y vendió departamentos y cocheras con fondos que, según el MPF, provenían de las cuotas de la venta portuaria.
El MPF pide un embargo por 152.000 millones de pesos, equivalente a unos 100 millones de dólares, que abarca el decomiso del producto de las maniobras y la eventual multa.
El responsable de controlar la concesión es el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro). Cuando en 2003 se adjudicó la concesión, el pliego exigía experiencia internacional en manejo portuario. El grupo que ingresó se presentó como ligado al Puerto de Tarragona, pero eran empresas creadas para la ocasión, con capital ínfimo. La Municipalidad de Rosario cuestionó la maniobra y hubo directores del Enapro que se opusieron. La Autoridad Portuaria de Tarragona aclaró años después que nunca había tenido injerencia institucional en Rosario.
En 2020, el Banco Nación elaboró un informe que dedicaba un apartado al Puerto de Rosario y advertía que el traspaso accionario de 2010-2012 despertaba dudas, que había una errática valuación contable y que operaciones enteras nunca se habían informado en los balances. Ese documento no tuvo mayor repercusión en su momento.
Durante todo ese período, ni la Justicia federal de Rosario ni los organismos de contralor detectaron lo que hoy los fiscales describen como una estructura de lavado. La terminal cambió de manos varias veces y hoy está en poder de operadores internacionales sin vínculo con aquel pasado.