A 25 años de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión de consulta de cancilleres para tratar la situación en Nicaragua. La medida, aprobada por 29 de los 32 países miembros, busca considerar acciones colectivas frente al anuncio del fin de las elecciones presidenciales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación en Nicaragua, tras el anuncio del gobierno de ese país de poner fin a las elecciones presidenciales. La decisión fue aprobada el 18 de agosto por 29 de los 32 Estados miembros, con la oposición de Brasil y México.
La Carta Democrática Interamericana (CADIA), adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, es uno de los instrumentos normativos del sistema interamericano. Establece que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.
Según el artículo publicado en Clarín, la CADIA se ha utilizado en el pasado con resultados diversos. En Bolivia y Ecuador, en 2005 y 2008, contribuyó a prevenir rupturas del orden democrático. En Nicaragua, entre 2014 y 2023, y en Venezuela, entre 2013 y 2019, no logró ese objetivo, y ambos países se retiraron de la OEA.
En 2009, la Carta fue aplicada para suspender al gobierno de Honduras tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Más recientemente, según el artículo, su activación con mecanismos de seguimiento contribuyó a preservar la democracia en Honduras, Guatemala y Bolivia.
En el caso de Nicaragua, el artículo sostiene que han fracasado múltiples intentos de negociación y diálogo, incluyendo misiones especiales, grupos de trabajo y comisiones de alto nivel. También menciona informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del secretario general de la OEA que documentan transgresiones al orden democrático y violaciones a los derechos humanos.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, señaló la necesidad de pasar de “la fuerza de las palabras a la fuerza de las acciones” y afirmó que la crisis nicaragüense no es un caso meramente interno, sino que concierne a todo el hemisferio.
Brasil y México han advertido sobre los límites jurídicos de la Carta de la OEA y de la CADIA para proceder con medidas coercitivas, y priorizan el diálogo y la denuncia verbal. También invocan el principio de no intervención y la soberanía estatal, argumentando que Nicaragua no representa una amenaza para la seguridad del continente.
El artículo sostiene que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo viola compromisos hemisféricos, y que las expulsiones forzadas de opositores, su persecución y asesinato en territorios de otros países, como el caso de Roberto Samcam en Costa Rica, constituyen una amenaza a la seguridad regional. También menciona la presencia e influencia de China y Rusia en Nicaragua, con inversiones en minas de oro y apoyo en ciberseguridad.
La reunión de consulta de cancilleres deberá determinar si existe consenso para adoptar acciones colectivas que restauren el orden democrático en Nicaragua. El artículo señala que, si no se logran medidas concretas, podría generarse una acción unilateral de Estados Unidos, que estudia sanciones contra el gobierno nicaragüense.