La Legislatura chaqueña sancionó la reforma que incorpora la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal. La norma obtuvo 27 votos a favor y establece criterios para la evaluación de medidas cautelares.
La Legislatura del Chaco aprobó una modificación del Código Procesal Penal para incorporar y precisar la figura de la reiterancia delictiva. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Leandro Zdero y obtuvo 27 votos a favor.
La norma establece que, cuando una persona esté vinculada a un delito doloso y tenga otros procesos penales por hechos similares, ese antecedente podrá ser considerado por fiscales y jueces para evaluar el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y para decidir sobre medidas de coerción y prisión preventiva.
La reiterancia no se equipara con la reincidencia: la primera se refiere a la existencia de otros procesos, mientras que la reincidencia requiere una condena firme.
El gobernador Zdero celebró la sanción y publicó un mensaje en sus redes sociales: “Hoy no les quedó otra: la gente se hizo escuchar y la realidad se impuso. Nosotros vamos a seguir trabajando para cambiar el Chaco. Ustedes sigan buscando palos. Porque, por más palos que pongan, no nos van a detener”.
Entre los diputados oficialistas que defendieron la reforma se encontraban Carlos Salom, Edgardo Reguera, Iván Gyoker y Maida With. La calificaron como una herramienta “necesaria para mejorar la seguridad y evitar que personas acusadas de delitos vuelvan rápidamente a la calle”.
Los legisladores Nicolás Slimel, Santiago Pérez Pons, María Pía Chiacchio Cavana y Rubén Guillón coincidieron en que la normativa “puede mejorar las herramientas judiciales”, pero advirtieron que la ley por sí sola no resolverá la inseguridad. Slimel señaló: “La seguridad requiere una mirada integral, con personal policial capacitado y bien remunerado, fiscales con mayores recursos y políticas que atiendan también las dimensiones sociales y económicas. Acompañamos la iniciativa, entendiendo que es un paso necesario, pero que la realidad es mucho más compleja”.
El diputado radical Jorge Gómez sostuvo que en las provincias donde se aplica esta práctica judicial “son más ágiles las tramitaciones” y aseguró que la norma no afecta la constitucionalidad, porque ningún derecho es absoluto. “Le otorga una herramienta al juez y al fiscal para poder fundamentar una prisión preventiva. Los resultados van a ser vistos en tanto y en cuanto el Poder Judicial aplique la ley”, detalló.
Las principales críticas apuntaron al riesgo de utilizar una imputación como fundamento para restringir la libertad, a la sobrepoblación carcelaria y a la falta de participación del Poder Judicial en el debate. Rodolfo Schwartz y Analía Flores se abstuvieron, mientras que Tere Cubells cuestionó el proyecto por considerarlo un “parche legal” y pidió un debate más profundo.