Datos oficiales obtenidos por Ámbito indican que hasta el 23 de julio se iniciaron 153 trámites ante la Secretaría de Trabajo. La cifra supera los registros anuales de 2024 y 2025.
Durante los primeros siete meses de 2026, se iniciaron al menos 153 procedimientos preventivos de crisis ante la Secretaría de Trabajo, según datos oficiales obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública realizado por Ámbito. El organismo respondió de manera parcial a la solicitud.
La cifra representa una aceleración respecto a años anteriores: en 2024 se registraron 131 solicitudes y en 2025, 164. En lo que va del gobierno de Javier Milei, el total asciende a 448 trámites. La serie histórica muestra que en 2015 hubo 33 casos, en 2016 fueron 55, en 2017 sumaron 63, y en 2018 y 2019 se registraron 153 y 184, respectivamente. En 2020, las solicitudes cayeron a 26, en 2021 a 24, en 2022 a 43 y en 2023 a 42.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es una instancia legal de mediación obligatoria que las empresas deben tramitar ante la Secretaría de Trabajo antes de ejecutar despidos o suspensiones masivas por razones económicas o de fuerza mayor. El mecanismo convoca a cámaras empresarias, sindicatos y Estado para negociar alternativas como adelantos de vacaciones, reducción de jornadas o planes de retiro.
El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano afirmó que la evolución de los casos indica que “el diálogo social está dando el máximo” en un contexto de caída de empresas, retroceso de la actividad, falta de contratación y desvinculaciones. Sostuvo que el mecanismo “ya de por sí es bastante acotado para crisis extendidas a nivel sectorial” y agregó: “Queda muchísimo más limitado para una situación como esta, que afecta prácticamente a toda la actividad económica y laboral del país”.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en mayo de 2026, 6.791 trabajadores registrados perdieron su puesto. Desde noviembre de 2023, la caída neta de asalariados registrados supera los 337.300, con trece meses consecutivos de retroceso.
La divulgación del dato coincide con anuncios de despidos en distintas empresas: una alimenticia cerró su planta en Mendoza, Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores en Entre Ríos, un frigorífico en Mar del Plata, una firma de electrónica en Tierra del Fuego y una textil en Catamarca.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo informó que la destrucción neta de empresas se aceleró en mayo, con una baja de 2.371 unidades productivas, equivalente al 0,49% del total. En los últimos tres años se perdieron más de 30.000 empresas.
En la solicitud de acceso a la información pública, Ámbito también preguntó por la cantidad de trabajadores afectados, los sectores con mayor número de empresas en crisis, la distribución geográfica y la cantidad de despidos o suspensiones acordadas. El Gobierno no entregó esa información, citando el artículo 5 de la Ley 27.275, que exime de la obligación de “reprocesar o reclasificar” la información.