Cinco personas fueron detenidas este viernes en el marco de 18 allanamientos simultáneos realizados en Chaco y Corrientes, vinculados a una causa por presunto lavado de activos en una cadena de gimnasios.
Cinco personas fueron detenidas este viernes tras un operativo que incluyó 18 allanamientos simultáneos en domicilios y locales de una cadena de gimnasios que funcionaba en Chaco y Corrientes. Según fuentes oficiales, se investiga un presunto esquema de lavado de activos.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia.
En el operativo participaron cerca de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 de la Policía del Chaco, personal especializado en análisis contable e informático, y equipos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad Fiscal Resistencia, con cuatro camiones de Gendarmería y equipos de contadores y peritos informáticos.
Los procedimientos tuvieron como blanco a las sucursales de la cadena de gimnasios Exen en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno (Chaco), y en el Hotel Guaraní de Corrientes, donde se planeaba abrir otra sede. También se allanaron domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados a los investigados. Durante los allanamientos, se incautaron máquinas de gimnasios, dinero, documentación y automóviles.
El expediente cuenta con siete personas imputadas por el delito de lavado de activos. Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por disposición judicial, tras considerarse riesgos procesales por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. A cuatro de los detenidos se les atribuyeron los agravantes de habitualidad y organización. Los otros dos imputados, un hombre y una mujer, fueron notificados de su situación procesal y permanecerán en libertad.
La causa se inició a partir de la información aportada por una persona acogida al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo de colaboración homologado por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia. Así, se vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y una organización narcocriminal investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
Luego de que el fiscal general Sabadini iniciara una investigación preliminar, se realizaron relevamientos patrimoniales y financieros, consultas a registros de vehículos e inmuebles, informes tributarios y migratorios y análisis de movimientos bancarios y de activos virtuales. Se constató que, entre febrero de 2025 y julio de 2026, la cadena de gimnasios Exen pasó de su primera sede, inaugurada en febrero de 2025, a contar con siete sucursales en distintas localidades, incluida una en construcción en Corrientes. El requerimiento fiscal destacó que la expansión comercial alcanzaba incluso a la República del Paraguay.
Sabadini subrayó que el ritmo de expansión y el volumen de inversiones en la cadena Exen resultaban “económicamente inviables” para un negocio de esas características. “La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”, afirmó Sabadini.
Una estimación realizada por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco valoró el equipamiento de cinco sucursales en 1.434.241 dólares. Las facturas de compra presentadas sumaban 407.743 dólares, lo que dejó una diferencia de 582.049 dólares. La cifra no declarada representaba el 58% del activo fijo relevado, la cual no contaría con justificación documentada.
Las siete personas imputadas fueron acusadas de integrar un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y fondos de presunta procedencia ilícita. Según la Fiscalía, se utilizaron sociedades y una red de negocios para canalizar dinero de origen posiblemente vinculado al narcotráfico y otros delitos, mediante inversiones en gimnasios, concesionarias y bienes registrables.
En la acusación se describió un “costoso nivel de vida”, adquisición de vehículos y viajes, con erogaciones que no se correspondían con los perfiles económicos declarados de los investigados. El fiscal concluyó que la “vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia” sería uno de los principales elementos de prueba y sostuvo que “la aplicación de fondos de origen delictivo en operaciones de compraventa de bienes muebles registrables constituye una de las maniobras o vías más usuales para lavar activos de origen espurio”.