El expresidente boliviano es acusado de terrorismo, alzamiento armado y atentado contra servicios públicos en relación con los bloqueos de mayo y junio.
LA PAZ.– La Fiscalía de Santa Cruz emitió este miércoles una nueva orden de detención contra el expresidente Evo Morales, acusado por seis delitos vinculados a su participación en las protestas y bloqueos de rutas entre mayo y junio, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Fiscalía investiga al expresidente por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y atentado contra los servicios públicos. En el documento se ordena a la policía a “aprehender y conducir” a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción.
Según informó el diario boliviano El Deber, la investigación se abrió tras la denuncia del Comité pro Santa Cruz, representado por su presidente, Stello Cochamanidis Garcés, y luego se sumó una denuncia del Ministerio de Gobierno, asumida por el ministro Marco Antonio Oviedo Huerta.
El Comité pro Santa Cruz había presentado una denuncia penal contra Morales, el número uno de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes identificó como los principales impulsores de los 53 días de bloqueos entre mayo y junio.
La causa se suma a otra orden de arresto que ya pesaba contra el exmandatario, parapetado en su bastión territorial, El Chapare, una región inexpugnable donde se mantiene a salvo de la policía.
Dos días atrás el expresidente difundió un video cruzando en auto un puesto de control de la fuerza antidrogas, donde dos agentes policiales lo saludan y le permiten continuar su recorrido pese a la orden de captura por los cargos de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad.
Tras la difusión de las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, el Ministerio de Gobierno abrió un proceso disciplinario contra los dos agentes por no ejecutar la orden de aprehensión emitida por la policía.
El video reavivó la polémica sobre el incumplimiento del mandato judicial, vigente desde octubre de 2024, y volvió a poner en cuestión la capacidad de las autoridades para hacer efectiva la orden de captura. Morales continúa desarrollando actividades políticas desde su bastión.
El exgobernante sostiene que el proceso por trata de personas responde a una persecución política y rechaza las acusaciones. En las últimas semanas, elevó asimismo el nivel de sus críticas al gobierno de Paz por la situación económica, marcada por la escasez de combustibles, la falta de divisas y el incremento de la inflación.
Las protestas de mayo y junio rechazaban las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica en cuatro décadas. Morales había desafiado incluso a Arce durante el gobierno de este último, contra quien lideró una marcha en 2024.
En junio Morales encabezó una marcha a la que se sumaron campesinos y sindicalistas de La Paz y El Alto, para reclamar la renuncia de Paz.
Morales se mostró al frente la manifestación de la Federación Campesinas de Mujeres del Trópico que partió desde Lauca Ñ, donde vive refugiado, y culminó a ocho kilómetros de distancia, en Chimoré. Allí dio un mensaje en el que incluso desafió la exigencia del presidente de que se entregue a la Justicia, y condicionó su viaje a La Paz a recibir garantías de seguridad.
“El presidente dijo en una conferencia: ‘Si es machito que venga Evo a La Paz’. Si me da garantías, voy allá; y si no, si es machito que venga él a Lauca Ñ para hablar de los temas sociales”, expresó.
Agencias ANSA, AFP y AP