El fallo del máximo tribunal estadounidense determina que los tribunales inferiores no pueden revocar las designaciones del Departamento de Seguridad Nacional. La decisión afecta directamente a los beneficiarios de Haití y Siria, y podría extenderse a otros 15 países.
La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el jueves 25 de junio la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión establece que los tribunales inferiores no tienen potestad para revocar las designaciones del DHS, según informó CNN.
Actualmente, 17 países cuentan con protección bajo el TPS. De ellos, 13 fueron afectados por medidas de la administración del presidente Donald Trump durante el último año. La lista completa de países con designación vigente es la siguiente:
- Afganistán
- Birmania/Myanmar
- Camerún
- El Salvador
- Etiopía
- Haití
- Honduras
- Líbano
- Nepal
- Nicaragua
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Ucrania
- Venezuela
- Yemen
Desde que asumió el cargo, Trump revocó la designación para los migrantes protegidos de Afganistán, Camerún, Etiopía, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Venezuela y Yemen. En el caso del Líbano, a finales de mayo el gobierno federal anunció la extensión automática del TPS por seis meses, desde el 28 de mayo de 2026 hasta el 27 de noviembre de 2026.
La determinación del máximo tribunal tiene repercusiones para los migrantes, aunque no está claro cuándo se eliminarán por completo las protecciones. Es probable que las demandas contra la administración por la revocación del beneficio sean desestimadas tras la resolución. Los permisos de trabajo de cientos de miles de haitianos y miles de sirios están a punto de expirar, según CNN.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, declaró que los beneficiarios en su estado ahora se encuentran en una situación de ilegalidad y podrían ser deportados de inmediato. “Esto también significa que, si bien estos haitianos trabajaban y contribuían a nuestra comunidad y economía ayer, hoy es ilegal emplearlos”, afirmó.
Katie Kersh, abogada principal de Advocates for Basic Legal Equality en Dayton, Ohio, señaló que “el sistema de inmigración es muy lento” e instó a los migrantes a buscar rápidamente otras vías legales para permanecer en Estados Unidos. “No esperen a ser arrestados por el ICE”, sostuvo.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) emitió un comunicado en el que se mostró “profundamente alarmada” por la determinación. El presidente de AILA, Jeff Joseph, declaró: “La decisión de hoy no es simplemente un revés legal; es una pérdida catastrófica”. Benjamin Johnson, director ejecutivo de la organización, pidió que el Congreso intervenga y otorgue la residencia permanente a ciertos beneficiarios: “Cuando una solución temporal no es realista, el Congreso debe intervenir y otorgar la residencia permanente a quienes han residido legalmente en EE.UU. durante años con el estatus de TPS”.
El American Immigration Council enfatizó el impacto en el sector de salud, ya que miles de enfermeros, auxiliares de atención domiciliaria y otros trabajadores sanitarios haitianos perderán sus empleos. “A menos que el Congreso tome medidas para otorgar estatus legal permanente a los beneficiarios del TPS, cientos de miles de personas corren el riesgo de perder su autorización de trabajo y enfrentarse a la deportación”, indicó la organización.
El representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, se pronunció en una publicación en X en contra de la decisión: “La situación sobre el terreno en Haití es un desastre humanitario y político, y sigue justificando una prórroga”, escribió.