La iniciativa busca establecer un marco legal para la gestión y reutilización social de activos incautados por la Justicia federal, con el objetivo de reparar el daño causado por delitos como narcotráfico, trata de personas, corrupción y lavado de activos.
Se presentó nuevamente en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de administración y reutilización social de bienes cautelados y recuperados por la Justicia federal. Es la tercera vez que se impulsa esta iniciativa, luego de que las dos anteriores perdieran estado parlamentario.
El proyecto propone un modelo de gestión de bienes incautados en investigaciones por delitos federales, especialmente aquellos vinculados a la criminalidad organizada, como narcotráfico, trata de personas, corrupción y lavado de activos. Según sus impulsores, se busca que esos bienes tengan un destino útil para la sociedad, en lugar de ser destinados exclusivamente a los presupuestos estatales.
La iniciativa se enmarca en un debate global sobre dos modelos de administración de activos recuperados: uno fiscalista, que los destina a las arcas del Estado, y otro que busca utilizarlos para reparar el daño causado por el delito. Este último modelo, según el texto del proyecto, tiene su origen en la lucha contra la mafia en Italia y ha ganado terreno en las últimas décadas.
En la Argentina no existe actualmente una ley federal que regule la administración de activos recuperados. Cada poder del Estado conserva sus propios registros, criterios y mecanismos de administración, lo que genera falta de coordinación, según señalaron los autores del proyecto.
El proyecto también menciona avances previos en la materia. La Corte Suprema de Justicia impulsó mecanismos para facilitar la entrega provisoria de ciertos bienes con utilidad pública y social, incorporando controles de transparencia. Por su parte, el Poder Ejecutivo diseñó un régimen de conservación, administración y destino gestionado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, los impulsores del proyecto sostienen que estos esfuerzos no resuelven el problema central de la falta de una ley integral.
El texto del proyecto afirma que el crimen organizado genera un daño social y político que afecta al Estado de derecho y la igualdad ante la ley. Propone que la recuperación de bienes se transforme en una herramienta de reparación, prevención y fortalecimiento institucional, con ejemplos como convertir un búnker de venta de drogas en un centro de salud o un prostíbulo en un refugio para víctimas de trata.