El Ejecutivo nacional retiró esta semana el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, lo que abrió una discusión sobre los límites de la potestad presidencial en el proceso de designación de magistrados.
El Gobierno nacional retiró esta semana el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La medida generó un debate sobre el procedimiento institucional seguido.
El sistema de designación de jueces federales establece que el Consejo de la Magistratura evalúa a los postulantes, establece un orden de mérito y eleva una terna vinculante al Presidente. El término «vinculante» implica que el Ejecutivo no puede designar a alguien ajeno a esa lista, aunque tampoco está obligado a elegir a ninguno de sus integrantes. Si considera que ninguno reúne las condiciones, puede rechazar la terna y el cargo quedará vacante.
En este caso, el Ejecutivo retiró el pliego una vez que el Senado ya lo había recibido y le había dado estado parlamentario. El Reglamento de la Cámara Alta establece: «Los proyectos, mensajes o demás asuntos presentados al Senado no pueden ser retirados o girados al archivo, sin anuencia de aquél». El exsenador Eduardo Menem señaló que el pedido de acuerdo para la designación de jueces federales debe individualizarse con precisión: cargo, juzgado y vacante concreta. Cumplido ese proceso, el Senado decide si archiva o avanza.
El abogado autor del artículo original sostuvo que «lo que está en juego no es el currículum de una candidata ni la conveniencia política de su designación», sino «la arquitectura institucional que garantiza jueces independientes». Afirmó que «cuando el Ejecutivo condiciona el acceso a la magistratura a la afinidad o vínculos familiares, la independencia judicial deja de ser un principio y se convierte en una aspiración incumplida».
El autor también afirmó que «la independencia del Poder Judicial no es un privilegio corporativo ni un tecnicismo procesal. Es la condición de existencia del Estado de Derecho». Sostuvo que «sin jueces que puedan fallar sin mirar por encima del hombro, la Constitución se vacía de contenido» y que «los derechos se vuelven promesas sin respaldo».
«Este episodio merece ser llamado por su nombre: una interferencia política en la designación de magistrados que golpea en el centro mismo de la independencia judicial», concluyó.