Las cámaras empresarias de colectivos que operan en el AMBA rechazaron este martes la quita de subsidios de parte del Gobierno nacional y cruzaron al vocero Manuel Adorni, quien había hablado de «1.637 colectivos fantasmas» al justificar los cambios en la ayuda estatal y la reducción del servicio que se produjo en las últimas semanas.
«Los 1.637 colectivos no son fantasmas, existen», está titulado el comunicado que lleva las firmas de AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA y que responde a las palabras que el Gobierno, mediante su vocero presidencial, pronunció el viernes pasado.
El documento consta de siete puntos, en los que marca las decisiones que tomó la administración de Milei y justifica la reducción del servicio.
En el primero de ellos, afirma que «todos los coches incluidos en el cálculo que determina subsidios (incluyendo esos 1.637) existen» y que están dados de alta «con seguro y VTV al día en los propios registros de CNRT que se puede consultar en la página web» del organismo estatal. Además, dicen que cuentan «con la totalidad del personal necesario para sostener toda la flota declarada».
Luego, advierten que «debido al repetido atraso en el pago de los subsidios y los errores de cálculo, absoluta responsabilidad del Estado, los millones de usuarios de colectivos del AMBA perciben la reducción en la cantidad de colectivos prestando servicio (a pesar de que los mismos existen) situación que ya se había analizado entre el Estado y las cámaras empresarias el año pasado».
Por su parte, dice que la «Estructura de Costos que se utiliza para determinar subsidios incorpora la cantidad de kilómetros reales medida por los GPS que tiene cada unidad, siendo medido (junto a los precios de los insumos), por el propio Estado». Y que es la Secretaria de Transporte, el único responsable de ese proceso, usando medios electrónicos para medir la prestación de servicio desde el año 2013.
Eso es en respuesta a la acusación de Adorni, quien anunció la implementación de un nuevo sistema de medición que posibilitará determinar “el trayecto real de cada unidad para hacer más eficiente la prestación del servicio de transporte de personas”.
«La Secretaria de Transporte conoce esta situación, ya que fue analizada durante el mes de enero pasado. Por una cuestión ‘fiscalista’, de ahorrar en favor del Estado, se decidió ‘corregir’ solo algunas diferencias (los 1.637 coches en cuestión) dejando de lado las otras diferencias por más de 50.000 millones mensuales a favor de los operadores, generada por errores de cálculo de la propia Secretaria de Transporte en: a) precio del gasoil, b) litros de gasoil consumido, c) precio de los vehículos, d) subestimación de costos diversos que no se actualizan desde 2021, e) tasas de interés, etc», remarcan las cámaras en otro de sus puntos.
También advierten que no han «elegido ni solicitado este régimen de subsidios, ni los cambios de criterio en la medición del parque, o los porcentajes de coches de reserva por desperfectos ocasionado por la mayor antigüedad de flota, que debe ser del 15%, según lo normado, en vez del 10% cambiando así por completo la conclusión».
Con respecto a la diferencia de los precios de las tarifas entre el AMBA y el Interior, afirman que «el Estado es quién decide» que en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires «se cobre una de las tarifas más baratas de la Argentina, ofreciendo a cambio subsidios que no reflejan los costos reales, y que luego se pagan con demora ocasionando perjuicio en el servicio razón por la cual el usuario percibe menos colectivos en calle, desde hace un tiempo».
Por último, proponen una solución: «Es que se corrijan los cálculos y se incluyan los faltantes que hemos demostrado de manera que todos los colectivos vuelvan a la calle a transportar pasajeros por estar ya habilitados para eso, y a la espera en nuestras terminales, o en su defecto se deje de subsidiar empresas y en su lugar se subsidie al pasajero, o se cobren tarifas acordes a la realidad como en otros lugares del país. A disposición para aportar los elementos que demuestren esta situación».
El viernes pasado, Adorni había informado que la Secretaría de Transporte dejará de subsidiar a esos 1.637 colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires luego de detectar “graves irregularidades” en el sistema de control automotor, lo que permitirá un ahorro de 6.200 millones de pesos por mes a partir de marzo.
Precisó que «el Estado nacional repartía subsidios para un parque automotor de 18.300 colectivos pero nunca se controló si esa cantidad era la que transitaba por el AMBA».
«Con esto se desmantela un grifo de derroche, ineficiencia que nos salía muy caro a todos. Se deja a pagar desde marzo y con esto los argentinos ahorramos 6200 millones por mes en esto que era un derroche injustificado», insistió.
El anuncio del portavoz se da en medio del conflicto por el que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que podría haber un paro de colectivos en el área metropolitana si las empresas no pagan el bono de $ 250.000 a los choferes.
La semana pasada, las cámaras de empresarios de colectivos le enviaron una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que señalaron que el Gobierno tiene una deuda con ellos en concepto de subsidios por $ 50.278 millones.
Como informó Clarín, entre enero y febrero el Gobierno envió subsidios al transporte público del AMBA por $ 84.814,6 millones y en los últimos doce meses -contando desde marzo 2023-, el monto acumulado llegó a $ 447.893,9 millones, según un informe de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA).
Contando marzo, las transferencias del Tesoro nacional al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), que canaliza las compensaciones tarifarias, acumulan $ 112.139,19 millones.