El especialista Aníbal Paz señaló que la falta de claridad jurídica genera más litigios y paraliza tanto a trabajadores como a empleadores.
El abogado laboralista Aníbal Paz analizó el impacto de la reforma laboral y afirmó que “tenemos una situación de incertidumbre total que es peor que la ley en sí misma”. En declaraciones al programa “6 en punto” de Punto a Punto Radio (90.7 FM), el letrado sostuvo que la norma, que buscaba reducir la litigiosidad, ha provocado el efecto contrario.
“Lo primero que surge a la vista es que esta ley venía a eliminar o a bajar la litigiosidad en la materia y el primer efecto práctico que ha tenido es todo lo contrario. Ha promocionado mayor litigación porque en este momento toda la ley está cuestionada”, explicó Paz.
El especialista detalló que de los 80 artículos que estaban suspendidos, el Estado apeló y la Cámara Nacional le otorgó efecto suspensivo a esa apelación, por lo que la ley está vigente. Sin embargo, ambas partes debaten la cuestión en la Corte Suprema. “Los supuestos beneficios de la ley están ahora en puntos suspensivos porque no sabemos si está vigente, si va a ser finalmente declarada inconstitucional o no”, agregó.
Paz subrayó que “los trabajadores no saben muy bien cuáles son sus derechos porque la ley dice una cosa, pero está suspendida. Los empleadores no saben si tomar o no las bondades que les supone esta nueva ley”. Además, cuestionó que “la ley promete muchos beneficios, los cuales pongo en duda, porque la ley misma por sí sola no va a generar condiciones de pleno empleo”.
“Deben darse situaciones socioeconómicas que van de la mano de una legislación clara. No tenemos en este momento ni una legislación clara ni una situación socioeconómica que impulse ese pleno empleo”, recalcó.
El abogado también señaló que “hay sectores a los que les está yendo muy bien en este momento, pero se trata de sectores que no generan mano de obra intensiva, entonces no absorben mucha mano de obra. Por el contrario, aquellos sectores que sí son intensivos en el uso de mano de obra les está yendo mal y han perdido fuentes de trabajo. Por eso en la suma y en la resta hay una pérdida generalizada de puestos de trabajo”.
Para Paz, la reforma introdujo puntos de fricción con los derechos colectivos que alimentan la posibilidad de nuevos juicios. “Hoy la ley que está vigente prohíbe la realización, por ejemplo, de asambleas sin pedir permiso al empleador con anticipación. Esto termina paralizando en cierta medida a un sindicato”, precisó.
Finalmente, el experto advirtió que “no solo la judicialización, sino la misma reglamentación. Hay distintos aspectos que todavía deben ser reglamentados. Cada reglamentación supone una norma que habrá que analizar y supone el peligro de una nueva ola de litigiosidad. Falta rato para que la situación se encuentre amesetada y uno pueda decir con seguridad: esto sirve y esto no sirve de una determinada ley”.