La Sala IV de la Cámara de Casación Penal dispuso avanzar con la ejecución de bienes vinculados a la ex presidenta, sus hijos y el empresario, en el marco de la causa Vialidad. El monto total a resarcir asciende a $684.990 millones.
En un fallo histórico, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó el decomiso de 111 propiedades vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. La decisión busca reparar el daño económico causado al Estado nacional por el fraude en la obra pública.
Entre los bienes a ejecutar se encuentran terrenos en El Calafate, complejos de departamentos y estancias patagónicas. El Tribunal Oral Federal 2 estableció que el monto total a resarcir mediante el remate de estos inmuebles asciende a $684.990 millones.
En su resolución, los jueces remarcaron que la respuesta frente a la corrupción «no puede limitarse al valor simbólico de la condena» y que la pena adquiere eficacia institucional si logra neutralizar el beneficio económico obtenido ilícitamente.
Entre las propiedades más emblemáticas que perderá la familia Kirchner se encuentra el hotel Los Sauces Casa Patagónica, lindante a la residencia familiar en El Calafate, que llegó a estar alquilado por 90.000 dólares mensuales. También se incluye un complejo de once departamentos construido por Báez en la calle Mitre de Río Gallegos y terrenos en Punta Soberana.
Lázaro Báez será el mayor perjudicado, con 84 propiedades a su nombre, entre ellas la Chacra 39, una propiedad de 14.250 metros cuadrados con quinchos, cancha de fútbol, gimnasio, hidromasajes e invernadero, valuada en más de 52 millones de pesos. También se decomisará la estancia «Los Gurises» y decenas de casas, cocheras y terrenos en El Calafate y Río Gallegos.
Esta ejecución se suma al remate de otras 40 propiedades ordenado por el juez Néstor Costabel en el marco de la causa «La Ruta del Dinero K», que busca cubrir otro decomiso por 55 millones de dólares. El destino final de los bienes recuperados quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podrá asignar los recursos en favor de la ciudadanía santacruceña.