La Federación Universitaria Argentina, junto a otras entidades del sector, convocó a una movilización nacional para reclamar por el financiamiento del sistema universitario público.
La cuarta marcha federal universitaria se realizará el martes 12 de mayo de 2025. La convocatoria fue realizada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, dirigida a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad en general. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración será frente a la Casa Rosada.
El reclamo central de la movilización es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Esta norma insta al Gobierno a reforzar los fondos de las universidades públicas y contempla una recomposición salarial retroactiva a 2023. Sin embargo, su aplicación fue suspendida por el Poder Ejecutivo hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Aunque ambas cámaras legislativas dejaron sin efecto esta decisión, la normativa aún no se aplica.
El conflicto por el financiamiento universitario tiene antecedentes en movilizaciones masivas, como la primera realizada en abril de 2014. En aquella oportunidad, el reclamo por una actualización de los fondos para gastos de funcionamiento llevó al Gobierno de entonces a conceder un aumento del 270% para dichas partidas.
En el contexto actual, los gremios universitarios señalan que los salarios docentes son los más bajos en 23 años, con una pérdida de poder adquisitivo cercana al 34%. El presupuesto universitario para 2025 será una prórroga del correspondiente a 2023, dado que el de 2024 nunca fue aprobado en el Congreso.
Por su parte, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para no aplicar los aumentos salariales y de becas ordenados por fallos judiciales. La postura oficial sostiene que la ley no prevé su financiamiento de forma expresa y que su cumplimiento afectaría la estabilidad económica. Un informe del Ministerio de Economía estima que implementarla requeriría destinar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al sistema universitario, lo que, según el Ejecutivo, paralizaría funciones esenciales.
Paralelamente, según informaciones publicadas, el oficialismo buscaría reactivar en el Congreso un proyecto de ley que derogue la norma actual y la modifique para amortiguar su impacto fiscal.