Una diputada de la oposición presentó una denuncia penal para que se investigue la concesión de préstamos a figuras del oficialismo, alegando posibles irregularidades.
La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo. En la presentación, solicitó que la Justicia determine si existieron irregularidades que pudieran configurar delitos como «tráfico de influencias» o «administración fraudulenta».
Frade argumentó en su denuncia que los montos otorgados no se corresponderían con los ingresos declarados ni con la capacidad de repago de los beneficiarios, señalando posibles fallas en la evaluación crediticia. La información sobre estos préstamos circuló inicialmente en redes sociales, basándose en datos públicos de la Central de Deudores del BCRA compilados en el sitio web «¿Cuánto deben?».
Entre los nombres mencionados en esos reportes figuran funcionarios como Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía; Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas; y Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital. También se incluyen los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde.
Frente a las acusaciones, algunos de los mencionados se defendieron públicamente. El diputado Campero calificó las imputaciones como «maliciosas» y aclaró que se trató de un crédito hipotecario en UVAs accesible para cualquier ciudadano que califique. Por su parte, Bongiovani cuestionó a la oposición por homologar una deuda hipotecaria común con un acto delictivo.
El Banco Nación, por su parte, emitió un comunicado afirmando que el proceso para acceder a los préstamos es «homogéneo, sin excepciones», aunque reconoció la existencia de una línea crediticia diferencial para empleados y funcionarios públicos con beneficios específicos.
En su denuncia, la diputada Frade solicitó que la Justicia revise los legajos crediticios completos y las actas del Directorio del banco, y que el Cuerpo de peritos contadores determine eventuales irregularidades en las condiciones de los préstamos.