Tres presentaciones formuladas por el abogado de Cristina Kirchner retrasan la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre el caso Vialidad. El máximo tribunal penal tiene bajo estudio la sentencia condenatoria que la ex vicepresidenta recibió en diciembre de 2022 a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En la antesala del fallo de los camaristas, que deben resolver si confirman, modifican o anulan dicha resolución del Tribunal de juicio, la ex vice busca ganar tiempo ante la inminente decisión.
La Sala IV de la Casación Federal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, tiene bajo análisis la condena que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en contra de Cristina Kirchner -y una extensa lista de imputados-, por hechos de corrupción.
Los magistrados pueden confirmar la sentencia tal cual la dictó el TOF 2, modificarla para incluir el delito de asociación ilícita como requiere el Ministerio Público Fiscal representado en el juicio por Diego Luciani y ante la Casación, por Mario Villar, lo que llevaría la pena de seis a doce años de cárcel. La otra alternativa, es hacer lugar al planteo de las defensas y anular la sentencia de juicio.
Pero ahora Cristina Kirchner presentó tres escritos que deben ser resueltos previo a cualquier resolución de la Sala IV.
Según pudo confirmar Clarín de fuentes judiciales, la ex vicepresidenta rechazó la decisión de la Casación que confirmó al juez Gustavo Hornos en la integración de la Sala que analiza la sentencia del caso Vialidad. Cristina Kirchner había pedido su apartamiento tras haber sido denunciado por presuntos hechos de violencia de género por una ex pareja.
El abogado de la exvice, Carlos Beraldi, habló del rechazo a la decisión de no apartar a Hornos, “pese a que fue denunciado por gravísimos hechos que, según lo estableció la autoridad judicial competente, habrían entorpecido el legítimo ejercicio de sus funciones, afectando el buen funcionamiento de un servicio federal”, señaló la defensa.
Beraldi cree que la Sala IV debería comunicarse con el juzgado Civil que impuso un bozal mediático, impidiendo cualquier publicación respecto a la denuncia que pesa sobre el camarista Hornos, que ya fue archivada. “La medida requerida por nuestra parte resulta absolutamente pertinente, pues se orienta a constatar la posible existencia de un acto gravemente lesivo de garantías constitucionales, el cual compromete el recto funcionamiento del servicio de administración de justicia”.
El abogado pidió que su reclamo sea considerado “en el marco del incidente de recurso extraordinario que se encuentra en trámite por ante esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal”, es decir la revisión de la sentencia por hechos de corrupción en torno a la obra pública vial con la que se favoreció a Lázaro Báez. Además, quiere que el planteo se analizado por todas las partes, es decir de los más de trece imputados.
La tercera presentación realizada por la ex presidente de la Nación refiere a las expresiones públicas Javier Milei en su acto de Parque Lezama, donde “exhortó a los magistrados que integran esta Cámara Federal de Casación Penal para avanzar en esta causa y ratificar la injusta condena impuesta a nuestra asistida”, indica el escrito.
Beraldi consideró estar ante un hecho de “suma gravedad” donde “distintos dirigentes políticos denunciaron y repudiaron el accionar del titular del Poder Ejecutivo, que fue calificado como una “práctica mafiosa” que pone en riesgo la “seguridad jurídica”, la “convivencia pacífica” y la “consolidación democrática”. Para sostener dicha enunciación, Beraldi adjuntó una nota del diario Página/12.
Después se refirió a las notas periodísticas que hicieron referencia al inminente fallo de la Cámara de Casación: “el Código Procesal Penal dispone que la deliberación de los jueces será secreta, bajo pena de nulidad. Así las cosas, en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones profesionales, dejamos debida constancia de estos graves episodios, a los efectos legales correspondientes”, indica el tercer escrito.
Bajo este argumento, el abogado volvió a indicar que en el caso “se han denunciado indebidas intromisiones por parte de sectores políticos y mediáticos, orientadas a influir y direccionar el curso de esta causa en desmedro de los derechos y garantías que le asisten a la doctora Cristina Fernández de Kirchner”.
También -continúa remarcando el escrito-, “evidenciamos severas inconductas por parte de jueces y fiscales intervinientes en el expediente, que en nada se compadecen con el recto servicio de administración de justicia.”
Ante las tres presentaciones realizadas, ahora la Cámara de Casación se encuentra analizando los planteos para responderlos. Este recorrido administrativo tiene como consecuencia directa la suspensión de cualquier resolución sobre la sentencia de juicio.
Lo primero que se hará, indicaron fuentes judiciales a Clarín, es analizar los tres planteos para resolverlos y así poder avanzar hacia la instancia siguiente: dar a conocer qué criterio aplicarán ante la sentencia acusatoria a seis años de cárcel que pesa sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y otro conjunto de ex funcionarios que recibieron una pena menor. Hay que recordar que Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal fue uno de los cuatro absueltos que hubo en el juicio.
La acusación
El 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder, con una condena por corrupción. El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El daño ocasionado se estimó en 80.000 millones de pesos.
Los fundamentos de aquella sentencia indicaban: “Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
En otros términos, los magistrados indicaron que ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”.