La Federación Mundial de Salud Mental designó a la provincia de Buenos Aires como Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029. El Poder Ejecutivo impulsa cambios a la Ley de Salud Mental aprobados por el Senado, que serán tratados en Diputados.
La Federación Mundial de Salud Mental designó a la provincia de Buenos Aires como Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029. Según la federación, el reconocimiento se basa en una gestión llevada adelante conforme a la Ley de Salud Mental sancionada el 25 de septiembre de manera unánime en el Congreso de la Nación.
La Cámara de Diputados de la Nación debatirá modificaciones a la Ley de Salud Mental propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas recientemente por el Senado.
Las modificaciones introducidas por el Senado incluyen el reemplazo del término “padecimiento” por el de “trastorno”. Además, en el equipo interdisciplinario responsable de evaluar la posibilidad de internación, el psicólogo vuelve a ocupar un lugar secundario para privilegiar una perspectiva médico/psiquiátrica. El texto de la modificación establece la obligatoriedad de un médico “preferentemente psiquiatra”, lo cual abre la posibilidad de que profesionales sin formación específica en salud mental intervengan en decisiones como una internación involuntaria.
La reforma también habilita instituciones monovalentes o “neuropsiquiátricos especializados”, y elimina la participación de los usuarios en el Órgano de Revisión, organismo de control y protección de Derechos Humanos creado por la Ley Nacional de Salud Mental en sus artículos 38, 39 y 40. Asimismo, establece que una persona internada de manera involuntaria, una vez que cesaron las causas que motivaron su internación, no pueda retirarse si no es con un familiar. La reforma introduce una excepción que autoriza la internación de niños/as y de adolescentes con consumos problemáticos junto a personas adultas “por el tiempo mínimo indispensable”.
El texto original de la ley postula en su artículo primero que la salud mental es un derecho. Quien suscribe el artículo original, psicoanalista y doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, sostiene que la mejor manera de contribuir a la correcta implementación de la ley es denunciar que el actual gobierno nacional atenta contra la salud mental de los argentinos, y menciona desde la represión a los jubilados, la creciente miseria, el incumplimiento de leyes como el financiamiento universitario, el ataque al Hospital Garrahan y al Laura Bonaparte, hasta el discurso de un presidente que hace del insulto, el agravio, la mentira y la difamación su manera de entender lo que gusta denominar Libertad.
El autor afirma que las modificaciones constituyen un retorno a viejas prácticas estigmatizantes y que la cuestión no está en modificar la ley, sino en facilitar su correcta aplicación, esto es, cumplir con el financiamiento presupuestado en su texto. Los mayores tropiezos que enfrenta la norma se deben a la ausencia de los recursos mínimos para cumplir su tarea: servicios dotados con profesionales, espacios y elementos suficientes como para brindar al usuario la atención que merece como ser hablante y como ciudadano de una democracia.
