El Ministerio Público del estado de Río de Janeiro negó la posibilidad de un acuerdo de no persecución penal a la abogada argentina Agostina Páez, imputada por injuria racial contra tres trabajadores de un bar en Ipanema. El expediente se encuentra en etapa de alegatos finales y aguarda el veredicto del juez Carlos Márcio da Costa, titular de la 37° Vara Criminal de Río.
A diez meses de los hechos ocurridos en un bar de Ipanema, la situación judicial de la abogada argentina Agostina Páez se encuentra en su tramo más delicado. El Ministerio Público del estado de Río de Janeiro (MPRJ) rechazó la posibilidad de concederle un acuerdo de no persecución penal, una salida alternativa que le habría permitido evitar una condena firme y limpiar su prontuario a cambio de dinero o trabajo comunitario. Con esa vía cerrada y el expediente en etapa de alegatos finales, la santiagueña de 29 años aguarda el veredicto del juez Carlos Márcio da Costa, titular de la 37° Vara Criminal de Río.
Según un dictamen firmado por el procurador Alexandre Araripe Marinho, difundido por el diario La Nación, el organismo sostuvo que, dadas las circunstancias en las que se produjeron las agresiones verbales, «no hay posibilidad de acuerdo». La decisión se produjo luego de que el propio magistrado enviara el expediente a evaluación fiscal el pasado 23 de septiembre y la Asesoría Criminal de la Procuraduría General de Justicia ratificara la negativa inicial tras un pedido de revisión presentado por la defensa.
Los fiscales brasileños fundamentaron su resolución en dos ejes centrales. En primer lugar, la legislación de Brasil establece que este tipo de beneficios solo se otorgan cuando la pena mínima prevista para el delito es inferior a cuatro años de prisión. Dado que la acusación original imputó a Páez por tres hechos independientes de injuria racial contra tres trabajadores distintos (cada uno con un piso de dos años), la sumatoria alcanza los seis años de reclusión, lo que excluye cualquier negociación previa.
El segundo argumento se refiere al comportamiento de la abogada durante la madrugada del 14 de enero en el local de la calle Vinícius de Moraes. De acuerdo con la reconstrucción oficial del MPRJ, la discusión por el monto de una cuenta escaló cuando Páez llamó «mono» al empleado de la caja mientras imitaba los movimientos de dicho animal. Tras ser advertida de que esa actitud constituía un delito grave en territorio brasileño, la acusada se retiró del comercio y gritó «monos» y «negros de mierda» a otros trabajadores, según un video registrado.
Para los investigadores, hubo además un agravante simbólico: la imputada habría alardeado de su condición de abogada, influencer y ciudadana extranjera para asegurarles a las víctimas que no sufriría consecuencias legales. Para el Ministerio Público, esa actitud implicó colocarse «en una posición de superioridad frente a los empleados del bar e incluso frente a las normas penales brasileñas», lo que consideran incompatible con la Constitución local, que califica al racismo como una de las violaciones más severas contra la dignidad humana.
La pulseada por el monto de la condena
La abogada brasileña Carla Junqueira, quien encabeza la defensa de Páez, apunta a lograr una absolución por parte del juez Da Costa. En declaraciones a La Nación, la letrada cuestionó la postura de los fiscales al señalar que el organismo parece más interesado en «hacer propaganda antirracista que en pensar en las propias víctimas», y recordó que su clienta ya depositó una caución cercana a los 20.000 dólares en marzo, dinero que podría destinarse a reparar el daño.
La querella que representa a los trabajadores afectados rechaza cualquier concesión y exige un castigo ejemplar. Tamara Fejolo, integrante del estudio Vieira de Mello Advogados, advirtió al mismo medio que «no hay margen para beneficios» y remarcó que «el racismo no se resuelve con un acuerdo».
Aunque la querella insiste en los tres delitos por separado, en sus alegatos finales la propia fiscalía introdujo la figura del «delito continuado», lo que ubica la expectativa de pena en un rango de dos a seis años. Si el juez fija una condena cercana al mínimo por tratarse de una persona sin antecedentes, la ley brasileña permite sustituir la cárcel por tareas comunitarias que Páez podría cumplir en la Argentina; en cambio, si la sentencia supera esa barrera, correspondería un régimen semiabierto que complicaría su situación y obligaría a tramitar un complejo acuerdo en el marco del Mercosur.
