El Gobierno nacional removió a Marta Elena Castañón, encargada titular de dos registros seccionales de la propiedad del automotor de Lomas de Zamora, tras comprobar que incumplió la obligación de depositar en favor del Estado los remanentes de recaudación. La medida fue oficializada mediante la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional dispuso la remoción de Marta Elena Castañón, encargada titular de dos registros seccionales de la propiedad del automotor de Lomas de Zamora, tras comprobar que incumplió la obligación de depositar en favor del Estado los remanentes de recaudación. La medida fue oficializada mediante la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, fechada el 12 de noviembre de 2026 y publicada en el Boletín Oficial.
Castañón estaba a cargo del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro con competencia exclusiva en motovehículos de Lomas de Zamora Letra A, ambos en la provincia de Buenos Aires. La resolución da por concluido el sumario administrativo que había ordenado el Ministerio en agosto de 2025 y declara su responsabilidad disciplinaria.
Ocho períodos sin depositar
Según la resolución, la funcionaria no giró íntegra y oportunamente los remanentes de recaudación de las liquidaciones de emolumentos de julio de 2024 a enero de 2025, más el período del 1° al 17 de febrero de 2025. Los saldos pendientes que se le reprocharon fueron de $10.365.253,33 en julio de 2024, $18.994.258,14 en agosto, $10.000.000 en septiembre, $7.539.315,27 en octubre, $7.349.674,10 en noviembre, $8.459.372,65 en diciembre y $10.000.000 en enero de 2025, a lo que se suman $858.587,17 correspondientes a los primeros 17 días de febrero de ese año.
La Instrucción estimó el perjuicio en $73.566.460,66 en concepto de capital. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en su Informe Técnico N° 77/2026, lo actualizó al 15 de septiembre de 2026 en $117.246.510,53, con más los intereses que correspondan al momento del cobro.
La defensa: “no existe el remanente”
En su descargo, Castañón sostuvo que no hubo apropiación ni desvío de fondos, sino una imposibilidad económica por el desfinanciamiento del registro. Argumentó que “no existe el remanente” porque no quedaba saldo para cubrir los gastos. También se quejó de que las autoridades no respondieron a sus reclamos ni a su pedido de pagos escalonados, y planteó un trato desigual frente a otros registros.
El Ministerio rechazó esos argumentos. Según la resolución, la normativa establece con precisión qué parte de lo recaudado corresponde al encargado como retribución y gastos operativos, y cuál constituye remanente perteneciente al Estado nacional. No hay disposición que condicione el depósito a que el registro tenga superávit ni que autorice a usar esos fondos para cubrir desequilibrios propios de la gestión.
Citando dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Procuración del Tesoro de la Nación, el texto sostiene que el resultado económico desfavorable integra el riesgo propio de la gestión del encargado y no justifica retener esas sumas.
Otros registros y el reclamo por desigualdad
Respecto del supuesto trato desigual, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor informó que los registros a cargo de titulares o interventores externos funcionan en las mismas condiciones. Los intervenidos por agentes de la propia Dirección Nacional tienen un régimen de gastos distinto.
Según la resolución, al momento de los hechos había 42 seccionales intervenidos por personal de esa dependencia. Entre los restantes, solo 14 registraban deudas y 10 de ellos estaban sumariados, en un universo de aproximadamente 1.400 registros. Para el Ministerio, esos datos contradicen que la mayoría de los registros tuviera el mismo comportamiento deudor.
Qué dispone la resolución
La norma declara la responsabilidad disciplinaria de Castañón y le aplica la sanción de remoción, además de declarar la existencia de un perjuicio fiscal de relevante significación económica. Asimismo, instruye a las áreas competentes del Ministerio a iniciar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para recuperar el dinero, y ordena notificar a la SIGEN y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
La resolución aclara que no se agotó la vía administrativa: la funcionaria puede presentar un recurso de reconsideración, dentro de los 20 días hábiles, o un recurso jerárquico, dentro de los 30 días hábiles, ambos contados desde la notificación.
Causa penal en paralelo
Por estas irregularidades se realizó una denuncia penal. Los hechos se investigan en la causa FLP 3431/2025, caratulada “NN s/ defraudación”, que tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Secretaría Penal N° 6. Según consta en la resolución, la causa fue iniciada contra personas no identificadas.
