La Cámara de Diputados tratará el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el tratado MERCOSUR-EFTA y la transferencia de competencias penales a la Ciudad. Persisten diferencias en el capítulo 7 del proyecto de Malvinas.
Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) — El oficialismo concluyó la definición del temario para la sesión del próximo miércoles en la Cámara de Diputados, que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el Acuerdo de Montevideo, junto con la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Respecto del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que aborda la cuestión Malvinas y un conjunto de disposiciones para reorganizar el aparato de defensa y de inteligencia, el oficialismo continúa negociando modificaciones solicitadas por fuerzas aliadas en artículos sensibles. Los votos para la sanción en general estarían asegurados, pero el capítulo 7 del dictamen, que crea nuevos tipos penales vinculados a la «injerencia extranjera», requiere una mayoría especial de 129 voluntades y su aprobación se encuentra en riesgo.
En una reunión a puerta cerrada en la Presidencia de la Cámara baja, participaron por el oficialismo Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado (esta última de forma virtual), junto con referentes de los bloques del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques menores. El Gobierno envió a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, quien reporta a la Secretaría de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy, para tomar nota de los reclamos.
Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la funcionaria escuchó los pedidos de Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quienes solicitaron eliminar o modificar profundamente el capítulo 7. En cambio, el PRO se comprometió a apoyar el proyecto en su totalidad, con o sin modificaciones.
El capítulo 7 prevé multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales, y establece penas de prisión por «facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación», por poner secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero, y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia. Asimismo, prohíbe la organización, financiación y ejecución de «campañas de injerencia extranjera» y de «actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes», con excepciones para la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio periodístico, la investigación académica y la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable.
El proyecto de Malvinas tiene como principio rector aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante una «amenaza externa» definida de forma vaga. Sectores del peronismo y la izquierda sostienen que la iniciativa concentra poder en el Poder Ejecutivo y permite la adopción de medidas de excepción como normales.
La iniciativa mantiene sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, aunque excluye a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión con intervención indirecta. También se redujeron las multas de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo a entre 2 mil y 40 mil.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores. Este órgano, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica, tendrá a su cargo la coordinación de la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El proyecto también incluye el protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en «operaciones no convencionales», puntos que generan críticas por la separación de funciones entre fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.
Una modificación concedida a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.
Otro punto polémico es que se otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y se habilita la inscripción de organizaciones con «motivos razonables para sospechar». La oposición sostiene que las definiciones de «terrorismo» y «amenaza externa» son laxas y permiten discrecionalidad del Poder Ejecutivo.