El cuerpo de la docente fue hallado el 29 de octubre en un bañado cerca de Esquina. La investigación indaga sobre la actividad cinegética en la zona y presuntas irregularidades en controles provinciales.
El femicidio de la docente Nancy Estela Godoy, cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de octubre en un bañado cerca de Esquina, provincia de Corrientes, puso en foco un entramado de cotos de caza y presuntas irregularidades en los controles provinciales.
En un polígono de aproximadamente 300.000 hectáreas entre Esquina y Sauce funcionan al menos una docena de cotos de caza declarados. El cuerpo de Godoy fue hallado en un punto semisumergido en un bañado, lejos de centros urbanos. Este miércoles, familiares, amigos y vecinos la despidieron en una ceremonia abierta en la Plaza 9 de Julio de Esquina.
La autopsia determinó que murió apuñalada. Las autoridades no han precisado el móvil del crimen ni las circunstancias previas. La investigación analiza la posible vinculación del hecho con la actividad cinegética, que atrae a cazadores extranjeros y genera ingresos para los guías que organizan las excursiones.
Godoy se desempeñaba como directora suplente de la escuela N° 626, del paraje El Malezal. Para llegar al establecimiento, ubicado en la estancia El Curupí, realizaba un viaje de varias horas en ruta y a caballo. La docente había denunciado el estado de abandono de la escuela rural, a la que calificó como «una escuela fantasma con alumnos fantasmas». El director anterior cobraba por su cargo pero no asistía, según las denuncias.
La ley provincial 6691 prohíbe la autorización de cotos de caza a menos de 1500 metros de poblados, pueblos o ciudades. Según denuncias de vecinos de Esquina y Sauce, una parte de la estancia El Curupí podría haber sido utilizada como coto de caza ilegal para turismo cinegético, incluso sin conocimiento de sus dueños.
La hipótesis de la investigación señala que Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia y uno de los presuntos autores materiales del asesinato, habilitaba la actividad de cazadores de sitios colindantes, aunque el terreno no estaba habilitado por la Dirección de Flora y Fauna de Corrientes.
En la provincia, Esquina, Sauce y Curuzú Cuatiá son conocidas por el turismo de caza. En las adyacencias de la estancia funciona el coto AR Hunting, que según el contrato de arrendamiento mide 4000 hectáreas, aunque en redes sociales se presenta como de 20.000 hectáreas. Imágenes difundidas muestran cazadores extranjeros cazando ciervos, especie habilitada en la provincia.
En enero pasado, una organización internacional especializada en tráfico de fauna recibió una alerta sobre esa zona. Desde abril de 2025, un grupo de cazadores e influencers brasileños promociona viajes de turismo cinegético hacia Sauce y Esquina. Según la información relevada, esos cazadores aseguran contar con «la colaboración» de un «inspector local de vida silvestre» para exportar los animales cazados como trofeos.
Para exportar trofeos a Brasil, Estados Unidos o España se requiere aprobación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Hasta hace unos meses, Sauce no contaba con habilitaciones para sacar trofeos del país, según corroboró LA NACION mediante un pedido de acceso a la información.
La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) de la Procuración General de la Nación abrió una investigación por sospechas de contrabando a partir de un pedido de la Policía Federal Argentina, tras detectar posibles funcionarios implicados.
En Sauce, el inspector de flora y fauna Diego Miguel Ruiz Díaz fue señalado por múltiples fuentes como «un actor clave» en el presunto esquema. Trabaja ad honorem y tiene un negocio de aberturas. Su superior, el director de Recursos Naturales de la provincia, Agustín Portela, lo catalogó como cazador furtivo en diálogo con LA NACION en junio pasado. «Varios [inspectores] lo son. Saben perfectamente dónde están las trampas y las anomalías en ese mundo», justificó.
Antes de ser funcionario, Ruiz Díaz tuvo una carnicería donde vendía ciervo rojo, clausurada por falta de aprobación del Senasa. En redes sociales se muestra como promotor del radicalismo correntino. Cuatro fuentes vinculadas al mundo de la caza lo describieron como «abusivo» y «extorsivo».
Consultado por LA NACION, Ruiz Díaz explicó que desde que es inspector en 2021 ha recibido acusaciones del mundo cinegético local. «Hace cuatro o cinco años que estoy en esto. Al principio me volvía loco porque te dicen ‘vos sos esto, vos sos lo otro’. Acusan, acusan, y después resulta que no pasa nada porque era toda mentira», añadió.
Entre 2022 y 2025, Ruiz Díaz acumuló nueve causas en la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Curuzú Cuatiá, por delitos como abuso de autoridad, detenciones injustificadas, incumplimiento de deberes, hurto, lesiones leves y asociación ilícita. Fue absuelto en una y el resto sigue en trámite.
El abogado de la Dirección de Recursos Naturales, Diego Diratchette, minimizó las denuncias y las atribuyó a una organización de cazadores disconformes que buscan manchar la imagen de la dirección. «Esperamos que todas las causas se caigan por su propio peso», declaró. Consultada por este diario, la fiscalía de Curuzú Cuatiá negó que el expediente por asociación ilícita vaya a ser archivado próximamente.
Según fuentes al tanto de la investigación, la escuela donde Godoy daba clases sería uno de varios establecimientos educativos que convergen con cotos de caza en la zona. AR Hunting registró públicamente una ubicación cuyo acceso está a pasos de la Escuela Primaria Común N° 283. LA NACION consultó a Ruiz Díaz sobre este y otros cotos habilitados, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este informe.