La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A., impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa contó con el respaldo del peronismo y el rechazo de los bloques opositores. En la misma sesión, se sancionaron cambios en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal y quedó fuera del temario la regulación de aplicaciones de delivery.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves, en su quinta sesión del año, el proyecto de ley para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A., una sociedad de capital estatal que tendrá a su cargo la investigación, producción y comercialización de medicamentos e insumos médicos.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, obtuvo media sanción con los votos del bloque peronista. Votaron en contra La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Unión y Libertad y Hechos. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados.
Según el texto aprobado, el Estado provincial tendrá el 99% del capital social de la nueva empresa. Su objetivo será abastecer con prioridad al sistema público de salud y a los municipios.
Durante el debate, la senadora Emilia Subiza, de la bancada Hechos, fundamentó el rechazo de su bloque: “No hay que crear nuevas estructuras, primero hay que volver eficiente lo que tenemos”. La legisladora mencionó faltantes de insumos, problemas edilicios y deficiencias presupuestarias en hospitales bonaerenses, y cuestionó la situación de la obra social IOMA por los copagos y las demoras en los pagos a prestadores.
El presidente del bloque, Marcelo Leguizamón, recordó que el proyecto había ingresado en 2024 y sostuvo que podían modificarse los procedimientos administrativos existentes para mejorar las compras. “Hay muchos anuncios, más estructuras y muy poca gestión”, afirmó.
En la misma sesión, el oficialismo no logró avanzar con el proyecto del Sistema Integrado de Salud bonaerense (SIPBA), que fue derivado a la Comisión de Presupuesto e Impuestos, presidida por Valeria Arata. Uno de los puntos cuestionados fue el artículo 43, que planteaba equiparar los salarios de la carrera hospitalaria municipal con los provinciales. La discusión se concentró en cómo financiarían los municipios esa modificación.
También quedó fuera del tratamiento la iniciativa para regular las aplicaciones de reparto, conocida como “ley Rappi”. De esa manera, el proyecto no avanzó durante esta sesión.
Uno de los acuerdos de la jornada permitió convertir en ley una modificación de la Ley N.º 15.561, que regula el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal. El cambio habilita la libre disponibilidad de la primera cuota del fondo, al eliminar las restricciones que obligaban a destinar parte de esos recursos a programas provinciales específicos. Así, los intendentes podrán utilizar esas partidas para afrontar necesidades como salarios, aguinaldos y gastos de funcionamiento. La definición sobre las condiciones de las cuotas restantes quedó en manos de la comisión bicameral de seguimiento. Diputados ya designó a sus representantes, mientras que el Senado todavía debe completar esa integración.
La Cámara también dio sanción definitiva a la reforma del Tribunal Fiscal de Apelación, orientada a agilizar la resolución de controversias tributarias con ARBA, y a la actualización del régimen de beneficios e incentivos fiscales para el Área Patagónica y la Zona Austral Desfavorable, impulsada por Alejandro Dichiara.
Otra de las leyes aprobadas, presentada por Lucía Iañez, garantiza el derecho a la comunicación y el resguardo de los vínculos afectivos de niños y adolescentes alojados en hogares o familias de acogida.
Además, el Senado aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional N.º 27.671, mediante una iniciativa de Alejandra Lordén, para establecer la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas en la función pública bonaerense.
El tramo final de la sesión estuvo atravesado por declaraciones del oficialismo contra medidas del Gobierno nacional, entre ellas el proyecto de modernización laboral, el cierre de la Estación Sud de Bahía Blanca y la eliminación del programa Volver al Trabajo. También hubo expresiones de preocupación por conflictos laborales en empresas textiles y avícolas de la provincia.