La fiscalía federal imputó a seis personas por integrar una organización que habría cobrado entre 38.000 y 40.000 dólares por casamientos simulados durante más de una década, según USCIS.
La fiscalía federal acusó a seis personas en Massachusetts por integrar una presunta red de matrimonios fraudulentos destinada a obtener beneficios migratorios en Estados Unidos, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Según los documentos judiciales citados por el organismo, la organización habría operado durante más de una década y cobraba entre 38.000 y 40.000 dólares por cada casamiento simulado.
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial, fraude matrimonial, conspiración para ocultar inmigrantes indocumentados y ocultamiento de inmigrantes indocumentados. La acusación sostiene que la principal organizadora dirigía un negocio en el que inmigrantes sin documentos le pagaban para que les arreglara casamientos con ciudadanos estadounidenses y así pudieran presentar papeles falsos ante USCIS para regularizar su situación.
De acuerdo con los documentos judiciales, la organización instruía a sus clientes sobre cómo aparentar una relación legítima: abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar pólizas de seguro de vida y tomarse fotografías juntos en estilo selfie. La responsable de la red les explicaba que el proceso de preparar la documentación suficiente para solicitar la residencia tomaba entre tres y cuatro meses, según la acusación.
Los clientes debían firmar contratos que, según la fiscalía, la organización redactó deliberadamente para ocultar el propósito real del acuerdo. El contrato evitaba mencionar al cónyuge porque hacerlo sería “incriminante”, habría dicho la acusada, de acuerdo con los registros de audio y video obtenidos durante la investigación. Los clientes solían pagar 500 dólares mensuales a su “cónyuge” asignado o a una persona cercana, como parte de la apariencia de una unión real.
USCIS precisó que las imputaciones son alegaciones y que los acusados son inocentes hasta que un tribunal demuestre lo contrario.
Consecuencias del fraude matrimonial
Una persona que haya obtenido su green card mediante un matrimonio simulado se expone a perder su estatus migratorio, enfrentar un proceso de deportación e incluso recibir cargos penales federales. Los efectos no se limitan a los organizadores: cualquier participante en un arreglo de este tipo queda bajo la mira de las autoridades, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde el casamiento.
Un experto en derecho migratorio consultado por Telemundo explicó que “si uno es ciudadano, debe de ser casi imposible perder la ciudadanía”, pero que la residencia permanente tiene “un estándar mucho más bajo para perderlo”, ya que se trata de un permiso de permanencia, no de una garantía.
Si las autoridades determinan que la persona obtuvo la residencia permanente con documentación fraudulenta, pueden iniciar un procedimiento que ponga en riesgo su estatus legal, con la posibilidad de una orden de deportación. En los casos en que el fraude se detecte durante la evaluación de una solicitud en curso, USCIS puede rechazar la residencia, el permiso de trabajo o la ciudadanía.
El paso de los años no cierra de forma automática la puerta a una investigación. El procedimiento legal depende, entre otros factores, de cómo se obtuvo la residencia y de las circunstancias particulares del caso. Cada situación migratoria requiere una evaluación individual, y las posibles sanciones no son un resultado predeterminado: dependen de la situación concreta, la prueba reunida y las decisiones de las autoridades o los tribunales.
Marco legal y precedentes
La ley federal de Estados Unidos sanciona a toda persona que contraiga matrimonio de manera consciente con el objetivo de evadir las normas migratorias. Según el Manual de Recursos Penales del Departamento de Justicia (DOJ), la pena puede alcanzar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.
La norma, introducida por el Congreso a través de la Ley de Enmiendas sobre Fraude Matrimonial Migratorio de 1986, apunta tanto a ciudadanos estadounidenses como a personas extranjeras que participen en estas prácticas. El DOJ describe un patrón habitual: un ciudadano estadounidense y una persona extranjera cumplen todos los requisitos estatales —licencia, exámenes médicos, ceremonia— pero el casamiento no tiene como fin formar una vida en común, sino obtener la residencia permanente a cambio de un pago.
Según el DOJ, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en el caso Lutwak v. United States (1953) que la validez de un matrimonio bajo la ley estatal es irrelevante para determinar si hubo fraude migratorio. Es decir, un casamiento puede cumplir con todas las formalidades legales del estado y aun así las autoridades pueden calificarlo de fraudulento si concluyen que no existió una intención real de formar una pareja.
Además, la ley prevé un mecanismo de control: la residencia condicional de dos años para ciertos cónyuges extranjeros que solicitan la residencia permanente. Al finalizar ese período, la pareja debe demostrar que la unión sigue en pie y que constituye un núcleo familiar real.
El caso de Massachusetts continúa bajo investigación. Las penas máximas por los delitos de ocultamiento de inmigrantes indocumentados y la conspiración para cometerlo alcanzan los 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares, mientras que las imputaciones vinculadas al fraude matrimonial prevén hasta cinco años de prisión, según USCIS. Las sentencias finales quedan a criterio del tribunal federal.