La ley, impulsada por el senador Sergio Vargas, permite a los 135 municipios disponer durante 180 días de recursos coparticipados del impuesto para drenaje pluvial, dragado e infraestructura hídrica. Entidades agropecuarias rechazaron la medida y los gobernadores de la Región Centro reclamaron un plan de infraestructura.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley un proyecto impulsado por el senador Sergio Vargas que faculta de forma extraordinaria, por un plazo de 180 días, a los 135 municipios bonaerenses a utilizar los fondos coparticipados provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural para obras de drenaje pluvial, dragado e infraestructura hídrica.
Entidades gremiales del campo rechazaron la medida. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de la provincia de Buenos Aires (Carbap) consideró que «resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos. Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose». Advirtió que «antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto. Si las obras hidráulicas necesitan más recursos, deben buscarse otras fuentes de financiamiento. No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial, para producir y vivir en el interior».
La Sociedad Rural Argentina sostuvo que «el punto central del reclamo sectorial radica en la afectación de los recursos específicos, que pone en riesgo el transporte de cosechas, el tránsito de hacienda, la llegada a las escuelas rurales y el acceso a los centros de salud. Permitir el desvío de las partidas del Inmobiliario Rural, que por ley deben ir dirigidas al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, significa institucionalizar un desfinanciamiento en el momento de mayor vulnerabilidad productiva».
La Federación Agraria Argentina se pronunció en el mismo sentido de rechazo, porque los caminos rurales «atraviesan una situación de deterioro alarmante y requieren más recursos para su recuperación y conservación». Destacó que «esta medida no se consultó con ninguna entidad agropecuaria ni pasó un debate en comisiones permitiendo la voz de los actores de la producción. Los problemas estructurales de la provincia requieren respuestas planificadas, consensuadas y sostenibles».
Coninagro rechazó la iniciativa pero ante la eventual promulgación propuso «de modo constructivo, que las obras financiadas se limiten al ámbito rural y guarden relación directa con la conservación de la red vial rural, la reposición al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales de los recursos que se utilicen, la rendición pública de cuentas, municipio por municipio, del destino dado a esos fondos y la participación de los productores y de sus cooperativas en la definición de las obras, a través de las comisiones viales locales». Asimismo, planteó «que las obras hídricas cuenten con un fondo específico y recursos propios, como corresponde a una política de Estado y no a una medida de emergencia financiada con dinero ajeno a ese fin». Y concluyó: «Las cooperativas están dispuestas a sentarse con cada intendente para definir qué obras hacen falta y dónde. La participación de quienes integran una comunidad en las decisiones que la afectan es la esencia del cooperativismo. Queremos obras y caminos transitables. No aceptamos que se nos obligue a elegir entre una cosa y la otra».
En tanto, los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), reunidos en Paraná, plantearon la necesidad de un plan de infraestructura que devuelva dólares al campo y a la cadena de industrias, servicios y comercios asociados. Los mandatarios reclamaron que las nuevas divisas de la energía y la minería se reinviertan en rutas, puertos y energía barata para el sector agroproductivo.
Pullaro sostuvo durante su exposición que «la Región Centro debe ocupar un rol protagónico en la discusión económica nacional». Proyectó que, en un plazo de cuatro años, el sector energético generará la misma cantidad de divisas que actualmente aporta el sector agropecuario, y que en seis años la minería alcanzará un nivel de ingreso de dólares equivalente al de la producción del campo. Ante ese escenario, planteó que «la discusión central de la política económica debe focalizarse en el uso de esos recursos para el desarrollo de infraestructura, la mejora de las rutas, la optimización de los puertos y aeropuertos, y el acceso a gas natural más económico para producir». Advirtió que el debate nacional no puede limitarse a utilizar las divisas exclusivamente para el cierre de la balanza comercial o la contención macroeconómica. En ese sentido, afirmó que «la salida para el crecimiento del país reside en el fortalecimiento del sistema productivo y en la unidad política de las tres provincias».
Llaryora definió a la Región Centro como un punto de referencia en materia de competitividad a partir de la articulación entre el sector público y el sector privado. Manifestó que las administraciones provinciales de la región comparten el principio de que la gestión pública debe orientarse a la creación de puestos de trabajo y al sostenimiento de la capacidad agroindustrial. Destacó el aporte continuo de las provincias del interior para el sostenimiento de la economía nacional y remarcó la urgencia de diseñar un plan logístico que contemple las necesidades reales de los productores y de la industria exportadora. Sostuvo que, una vez que la macroeconomía logre su estabilización, el gobierno nacional debe impulsar de manera prioritaria una agenda productiva basada en obras de infraestructura y en la defensa de la industria. Señaló que la Región Centro cuenta con las condiciones técnicas y productivas para operar como una potencia alimentaria a nivel global, pero advirtió que ese potencial requiere de una red vial adecuada, conexiones de transporte eficientes y políticas públicas de incentivo para el agregado de valor en origen.
Frigerio enfatizó que las tres provincias tienen una estrategia común vinculada al desarrollo del sector privado, al que definió como el principal generador de riqueza y empleo competitivo. Planteó la necesidad de profundizar el proceso de integración mediante la cooperación gubernamental y la transformación de los límites provinciales en plataformas de desarrollo para la apertura de nuevos mercados. Asimismo, propuso vincular directamente a las economías regionales con los polos energéticos y mineros en expansión para fortalecer el tejido productivo y crear puestos de trabajo de calidad.
Las jornadas contaron con la participación de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone, junto a legisladores y autoridades provinciales. La actividad oficial incluyó paneles técnicos sobre infraestructura, logística, aplicación de inteligencia artificial en los procesos productivos y el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral de la región.
Durante los bloques de discusión técnica, representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, del sistema portuario y de organismos de cooperación internacional analizaron el estado de los corredores viales y los pasos bioceánicos. Los expositores coincidieron con los mandatarios en que la reducción de los costos logísticos resulta indispensable para mantener la competitividad de las exportaciones primarias e industriales. Se remarcó que las inversiones en el dragado de las vías navegables y el mantenimiento de las redes viales secundarias y principales constituyen la base necesaria para aprovechar las oportunidades del comercio exterior.
El programa académico incluyó también paneles dedicados a la innovación y la digitalización del sector productivo, con la participación de especialistas de Argentina y Brasil. Se debatieron las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la maquinaria agrícola, el seguimiento de procesos industriales y la optimización de las cadenas de suministros. Asimismo, representantes de los ministerios de Trabajo de Entre Ríos y Santa Fe analizaron la transformación de las competencias laborales requeridas por las empresas del interior y los desafíos en materia de capacitación frente a los cambios tecnológicos. Al cierre de la jornada, las delegaciones provinciales ratificaron el compromiso de sostener una agenda de trabajo unificada ante los organismos nacionales e internacionales.