La diputada de La Libertad Avanza contó en redes sociales que sufrió una violación en 2006 y respaldó el proyecto de ley que busca que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles. La iniciativa, conocida como Ley Segovia, comenzaría a tratarse en comisión la próxima semana.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine afirmó este jueves en su cuenta de X que fue víctima de una violación en 2006 y que el culpable no fue detenido. En la misma publicación, respaldó que el Congreso avance con un proyecto para que los delitos de violencia sexual contra menores de edad no prescriban.
“Fui víctima de violación en 2006, el culpable no fue preso; con la ley de registro de ADN ahora la Justicia podría encontrarlo y apresarlo si votamos a favor de que no prescriban los delitos de violencia sexual. De modo que estoy totalmente a favor de que no prescriban. Hoy se pidió un apartamiento para tratar esto en Diputados, y voté que no, queremos tratarlo en comisión y votarlo en la próxima sesión. Que no sea utilizado esto para decir que estamos en contra. El violador no se cura, la violación no prescribe. Y si por mí fuera, cadena perpetua”, escribió la legisladora.
La publicación se produjo en el marco del debate por la denominada Ley Segovia, impulsada por el diputado radical Pablo Juliano junto con Yamila Segovia, hermana de una víctima de un caso ocurrido en Puan, provincia de Buenos Aires. El proyecto fue reclamado durante la sesión de la Cámara de Diputados del miércoles 21 de octubre y comenzaría a tratarse en comisión la semana próxima.
La iniciativa busca establecer que tanto la acción penal como las penas correspondientes a delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de 18 años sean imprescriptibles. El objetivo es impedir que una investigación quede cerrada por el transcurso de los plazos legales, especialmente en casos en los que las víctimas tardan años en denunciar o en los que el acusado permanece prófugo.
El proyecto cobró relevancia nacional tras el caso de Alberto Martín Del Valle, acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años, dejarla embarazada y permanecer prófugo durante más de 14 años. Cuando fue detenido en agosto, la Justicia declaró prescripta la causa principal por abuso sexual, lo que generó el reclamo de la familia.
En la sesión del miércoles 21 de octubre, Juliano solicitó un apartamiento del reglamento para incorporar el tratamiento de la Ley Segovia a la agenda parlamentaria. La solicitud no obtuvo los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas y fue rechazada. Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, se comprometió a convocar a la comisión la semana siguiente para comenzar el debate.
En paralelo, la diputada de La Libertad Avanza Virginia Gallardo presentó el 5 de octubre el proyecto de ley 5323-D-2026, acompañado por legisladoras de distintos bloques, que propone una reforma más amplia del Código Penal: eliminar la prescripción para los delitos castigados con prisión perpetua, extender determinados plazos y endurecer las penas por abuso sexual. La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.
La Ley Segovia plantea específicamente evitar que los abusos sexuales contra menores queden fuera del alcance de la Justicia por el paso del tiempo, mientras que el proyecto de Gallardo propone modificaciones más generales sobre prescripción, suspensión e interrupción de la acción penal y escalas de penas.
El caso que dio origen a la iniciativa comenzó en 2009, cuando Del Valle, actualmente de 56 años, fue acusado de abusar sexualmente de su hijastra en reiteradas oportunidades en una vivienda de Puan. Según la investigación judicial, la niña tenía 11 años y habría sido sometida a los ataques bajo amenazas de muerte. Cuando quedó embarazada, el acusado la trasladó al conurbano bonaerense y habría intentado provocarle un aborto clandestino en Quilmes. El procedimiento no prosperó y la niña dio a luz cuando todavía tenía 11 años. Un estudio genético confirmó la paternidad del padrastro con un índice de 99,9%.
En marzo de 2012 se dictó una orden de captura. Del Valle permaneció prófugo durante más de 14 años, hasta que fue localizado y detenido en Florencio Varela en agosto de este año. Pocos días después, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró prescripta la acción penal por el abuso sexual agravado y dispuso el sobreseimiento de Del Valle en ese expediente. La resolución se apoyó en la interpretación de los plazos legales y de las causales que interrumpen la prescripción previstas en el Código Penal, junto con criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La prescripción extingue la posibilidad de continuar la persecución penal por el delito alcanzado por esa decisión; no equivale a una absolución dictada después de un juicio que haya examinado y descartado los hechos denunciados. Del Valle continuó detenido por otras investigaciones, entre ellas las vinculadas con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y la falsificación de identidad. La familia de la víctima apeló el fallo y anunció que recurriría las instancias judiciales disponibles para intentar revertirlo.
La controversia judicial se concentra, entre otros puntos, en si los delitos atribuidos a Del Valle durante los años en que permaneció prófugo pueden tener efectos sobre el cómputo de la prescripción de la causa por abuso sexual. La familia y sus representantes sostienen que las conductas investigadas por falsificación de identidad e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar deben ser consideradas para determinar si el plazo se interrumpió. El juez aplicó una interpretación restrictiva de las causales legales de interrupción y de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La Ley Segovia propone modificar el artículo 67 del Código Penal para que la situación de rebeldía, la fuga o la existencia de una orden de captura vigente impidan que el plazo de prescripción siga corriendo en los supuestos contemplados por el proyecto. La intención es que una persona investigada por delitos sexuales contra menores no obtenga una ventaja procesal por mantenerse fuera del alcance de los tribunales.
La propuesta también busca evitar que la solución dependa de interpretaciones judiciales diferentes acerca de cuándo se interrumpe la prescripción y qué requisitos deben cumplir otros procesos penales para tener consecuencias sobre ese cómputo. No se trata solamente de ampliar los tiempos para denunciar, sino de intervenir sobre el efecto que tiene la evasión de la Justicia cuando existe una investigación penal abierta.
El desafío para los legisladores será determinar cómo redactar una norma que impida que la fuga se convierta en una herramienta de impunidad sin desconocer los principios constitucionales que rigen el derecho penal. La prescripción existe para garantizar seguridad jurídica y evitar que las personas queden sometidas indefinidamente a una persecución penal, pero el caso Del Valle volvió a poner en discusión si corresponde aplicar ese límite de la misma manera cuando el acusado permanece prófugo durante años. También será necesario definir con precisión qué delitos estarán alcanzados, cómo se computarán los plazos y qué efecto tendrá la nueva regla sobre las causas en trámite, sin dar por sentado que una reforma pueda aplicarse retroactivamente a hechos anteriores.