La actividad económica disminuyó 1,7% interanual y el crecimiento acumulado se redujo a 1,2%. La iniciativa de reivindicar la soberanía sobre las islas generó tensiones con Estados Unidos y Chile, y expuso disputas internas en el oficialismo.
La actividad económica disminuyó 1,7% interanual y el crecimiento acumulado se redujo a 1,2%, según datos difundidos en las últimas semanas. En tanto, la reivindicación de la causa Malvinas, impulsada como una de las iniciativas más ambiciosas del asesor Santiago Caputo, derivó en una serie de tensiones diplomáticas y políticas.
El pasado 31 de agosto, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump sugirió que podría revisar la neutralidad histórica de su país respecto de las islas. A partir de esa fecha, el Gobierno argentino promovió la sanción de una ley de defensa de la soberanía nacional, conocida como “Ley Malvinas”. El proyecto contemplaba sanciones administrativas y penales para quienes extrajeran petróleo del mar circundante a las islas sin consentimiento argentino, incluyendo a proveedores y compañías asociadas.
Según fuentes oficiales, varios funcionarios argentinos recibieron mensajes desde Washington para moderar el alcance de las sanciones y evitar que afectaran a empresas estadounidenses. En ese contexto, los legisladores de La Libertad Avanza decidieron postergar el tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados, atribuyendo la decisión a un pedido de los aliados.
En paralelo, surgió una tensión con el gobierno de Chile a raíz del anuncio del zarpe del buque mercante Danstar desde Punta Arenas hacia Malvinas, previsto para mediados de noviembre. Desde Buenos Aires se insinuó que podría transportar insumos para el emprendimiento petrolero Sea Lion. El canciller chileno aclaró que se trataba solo de provisiones para los isleños, versión a la que adhirió su par argentino, Pablo Quirno. No obstante, el diputado nacional Guillermo Michel propuso cancelar el tratado de protección de inversiones con Chile y el acuerdo para evitar la doble imposición. El Parlamento de Valparaíso respondió con siete proyectos destinados a neutralizar la medida.
En el plano interno, la iniciativa expuso una disputa entre sectores del oficialismo. El Consejo de Seguridad Nacional, que se aspira a crear con la ley, estaría integrado por funcionarios subordinados a Caputo y no incluiría al Ministerio de Seguridad, área que responde a Karina Milei. Legisladores oficialistas propusieron que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, integre ese consejo.
La ley también generó cuestionamientos por contener restricciones a libertades civiles y políticas, como la penalización de conductas imprecisas vinculadas a la “manipulación de la opinión pública” o “campañas de desinformación”, y facultades para que el Poder Ejecutivo aplique sanciones sin intervención judicial inicial.
En el ámbito judicial, el procurador general interino, Ariel Lijo, delegó la investigación sobre el ex titular de la Andis, Manuel Adorni, en el fiscal Gerardo Policita. La causa Andis avanzó con procesamientos confirmados por la Cámara Federal. Ayer, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron la indagatoria de los dueños de Droguería Suizo Argentina, los hermanos Kovadliker, junto a directivos de otras 14 droguerías, y pidieron que se vuelva a indagar a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis.
En materia de política exterior, la visita del presidente Javier Milei a España incluyó una negativa del rey Felipe VI a recibirlo y la imposibilidad de reunirse con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sí se encontró con Isabel Díaz Ayuso. El PSOE difundió un mensaje de bienvenida con la frase: “Milei, los zurdos y las zurdas de España te dan la bienvenida”, y el subtítulo: “El país que más crece de Europa”.
La agenda legislativa también incluye negociaciones por pliegos judiciales. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, en combinación con Juan Bautista Mahiques, buscaría acordar las postulaciones de Mahiques para la Procuración General de la Nación, de Mariano Borinsky y de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Lijo insiste en que el Senado apruebe su pliego, que ya fue rechazado. Las negociaciones enfrentan dificultades, entre ellas la ausencia de mujeres entre los candidatos y la incertidumbre sobre la voluntad del Poder Ejecutivo de impulsar esas postulaciones.