Un decreto de 2022 creó el Fondo Fiduciario para el Desendeudamiento de Mujeres en la provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Cuentas informó que no desarrolló su objeto y generó gastos administrativos. El Ministerio de Mujeres y Diversidad afirma que el programa fue reorientado.
En diciembre de 2022, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó el decreto 2370/22 que puso en marcha el Fondo Fiduciario para el Desendeudamiento de Mujeres, contemplado en la ley 15.310, que creó el programa «Desendeudadas». El objetivo era absorber las deudas de mujeres bonaerenses y refinanciarlas a tasas más convenientes.
Según los fundamentos del decreto, «durante los últimos años, el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos ha provocado un fuerte incremento en el número de personas que tomaron préstamos para poder afrontar los gastos de la vida cotidiana, utilizándose los créditos para acceder a bienes como alimentos, ropa, artículos de primera necesidad y al pago de servicios básicos como luz, gas, agua e internet».
El Fondo preveía un comité ejecutivo integrado por tres miembros designados por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y dos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Ese comité no llegó a constituirse.
En abril de 2025, una resolución dispuso la extinción del fideicomiso «en virtud de que no se ha registrado actividad alguna, como así tampoco adquisición directa de las deudas referidas».
El Tribunal de Cuentas de la Provincia examinó el caso. Un fallo aprobó los estados contables pero dejó constancia de que «el Fondo no desarrolló actividades propias del objeto para el cual fue creado, sin perjuicio de lo cual se destinaron recursos durante dos años para solventar los gastos ordinarios de administración». El organismo también señaló que un año antes de la extinción había recomendado poner en marcha el programa o evitar gastos de funcionamiento, situación que se mantuvo un año más. Al cierre del ejercicio, detectó «una pérdida de $3.746.354» en números de ese momento.
Consultado sobre este antecedente, el Ministerio bonaerense de Mujeres y Diversidad reconoció que «al intentar la implementación se descubrió una mayor complejidad y se concluyó que esos esfuerzos debían ser reorientados para fortalecer otro tipo de herramientas, como la educación financiera». Aseguró que el programa no se suprimió: «Se readecuó; se reconfiguró».
El decreto de 2022 señalaba un contexto de endeudamiento familiar. Datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indican que 20,9 millones de personas poseen algún tipo de deuda y casi el 20 por ciento están en situación de mora, el nivel más alto desde la crisis de 2001.
El gobernador Kicillof ha declarado en semanas recientes que «la política económica de Milei hace que las familias se tengan que endeudar para pagar la comida, el alquiler y las cosas indispensables».
El expediente del fideicomiso bonaerense finalizó con su extinción y una pérdida contable registrada por el Tribunal de Cuentas.