El proyecto de Presupuesto 2027 elaborado por el Ministerio de Economía contempla una inversión en infraestructura que, en términos reales, cae 6,4% respecto de lo aprobado para 2026 y 83,4% por debajo de 2023. La consultora Zentrix sostuvo que «en obra pública lo que importa no es cuánto se autoriza, sino cuánto se ejecuta». La provincia de Buenos Aires recibiría el 23,4% de los fondos nacionales previstos, frente al 28% de este año.
El proyecto de Presupuesto 2027 elaborado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla un crédito de capital para infraestructura que, en términos reales, cae 6,4% frente a lo aprobado para 2026 y 83,4% por debajo del de 2023. La inversión pública es el rubro que menos crece dentro del cuadro que proyecta un crecimiento del 4% con una inflación de 18% y superávit primario del 1,1%.
De acuerdo con el informe de la consultora Zentrix, en 2026 los trabajos estructurales se ejecutaron al 34,4% para agosto, por debajo de lo previsto. «En obra pública lo que importa no es cuánto se autoriza, sino cuánto se ejecuta», resaltó el documento. La consultora indicó que, si no se usan los fondos, al final del ejercicio el Ejecutivo puede afectarlos a rentas generales a través de una readecuación presupuestaria.
El relevamiento consigna que de 2.339 obras, 1.683 fueron dadas de baja y 457 pasaron a provincias y municipios. La inversión nacional pasó a ser una fracción de lo que supo elevarse en la gestión peronista, según el informe.
En materia energética, los subsidios aumentaron 21% real este año, impulsados por la asistencia a CAMMESA, ponderó la consultora de Claudio Montiel. Hoy los hogares del AMBA pagan el 55% del costo y el Estado el 45%. Cumplir el recorte exige tarifas por encima de la inflación, menores costos o menos usuarios subsidiados. «El proyecto no dice cuál», aclara Zentrix.
En la distribución territorial, el 23,4% de toda la obra pública nacional de 2027 está prevista para realizarse en la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, frente al 28% de este año. Desde el gobierno bonaerense se esgrime la arbitrariedad de que la proporción queda muy corta contra el casi 40% que aportan al PBI y a la población nacional.
Mientras el total de obra nacional apenas se mantiene, la Provincia queda entre las jurisdicciones a las que la Nación les recorta, y otras, como Salta y Santa Cruz, reciben aumentos reales fuertes que las ubican entre las jurisdicciones con más obra nacional. Contra 2023 la distancia es mucho mayor, ya que equivale a un 77,3% inferior en términos reales, de acuerdo con un documento interno del Ministerio de Infraestructura provincial que conduce Gabriel Katopodis.
Nación disminuyó 6,2% en términos reales los fondos que utilizará para infraestructura en el territorio bonaerense. Los $252.300 millones estarán radicados en los límites de la provincia, pero no necesariamente generarán un impacto para mejor en la vida de sus habitantes, como el caso del complejo federal penitenciario de Agote, en el partido de Mercedes, o la remodelación y ampliación del Juzgado Federal de Junín. Ambos proyectos están ubicados dentro de la frontera, por lo que figuran entre los que recibe PBA pese a que serán empleados para fines nacionales.