La norma fue suspendida por la jueza Marta Elba Pascual, luego revocada por la Cámara de Lomas de Zamora. En la Ciudad, la jueza Laura De Marinis la declaró inconstitucional en un caso y fue apartada. Organizaciones sociales advierten sobre falta de presupuesto y equipos especializados.
La ley 27.801, que baja la edad de punibilidad a los 14 años, entró en vigencia en septiembre. La jueza bonaerense Marta Elba Pascual suspendió preventivamente su aplicación en la provincia. El 15 de septiembre, la Cámara de Lomas de Zamora revocó esa medida. Días más tarde, en la Ciudad, la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad en un caso concreto y sobreseyó a un chico de 14 años acusado de un intento de robo sin heridos ni daños. La Cámara porteña revocó el fallo y, además, apartó a De Marinis de la causa.
La nueva ley modifica el régimen penal juvenil: baja la edad de punibilidad a los catorce años, suprime las escalas penales atenuadas y amplía la discrecionalidad judicial. Establece medidas alternativas y una finalidad socioeducativa. Según el texto, el sistema ya era complejo: desbordado, sin equipos especializados suficientes, sin dispositivos para acompañar el egreso y sin presupuesto.
La objeción de fondo es constitucional. El Comité de los Derechos del Niño fija en catorce años el piso mínimo compatible con la Convención, recomienda umbrales más altos y le pidió expresamente a la Argentina, en 2018 y en 2024, mantener la edad en dieciséis. Con la ley vigente, se eligió llevarla al borde y eliminar las respuestas diferenciadas que los estándares internacionales exigen para los adolescentes más jóvenes.
Las experiencias y los estudios sobre la cuestión coinciden: no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad.
En la Ciudad de Buenos Aires, un protocolo firmado por los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a los directivos a denunciar ante la Justicia a estudiantes desde los 14 años, incluso por hechos ocurridos fuera de la escuela, y habilita el ingreso de la Policía a los establecimientos.
Desde la Fundación SES sostuvieron: «Ningún chico nace peligroso. Peligroso es un Estado que llega tarde, o que llega solamente con patrulleros y rejas, ahora también en la puerta del aula».
Las organizaciones sociales y los clubes de barrio cumplen un papel que ninguna ley penal puede reemplazar, según la Fundación. Son, muchas veces, el primer lugar donde los chicos encuentran un adulto que los escucha, un espacio de pertenencia, un plato de comida, un entrenamiento, un proyecto compartido. Están donde el Estado no llega o llega tarde. Sin embargo, también son blanco de las políticas de ajuste: programas discontinuados, financiamiento recortado, tarifas que se vuelven impagables y equipos que trabajan cada vez con menos recursos.
La Fundación SES afirmó: «Seguridad no es encerrar antes. Seguridad es que podamos vivir en comunidades donde todas las familias y los pibes estén incluidos, a través de políticas e instituciones que los contengan, acompañen su crecimiento y promuevan su desarrollo».
La ley ya rige. Según la organización, lo que viene son plazos, causas y vidas concretas puestas en juego. Es necesario estar ahí, exigiendo que cada garantía que la norma promete se cumpla, y que las escuelas sigan siendo espacios de cuidado y no de denuncia. Es fundamental no abandonar la lucha. Es necesario un presupuesto para la prevención y el egreso, y una articulación real entre educación, salud, desarrollo social, trabajo y las organizaciones comunitarias que sostienen la vida en los barrios.
*Coordinadora de Proyectos y Redes en Fundación SES.