El asesor de la Casa Rosada sostuvo en la red social X que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son «truchas». El Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto de ley para auditar el beneficio, que alcanza a 1.200.000 personas.
El asesor de la Casa Rosada Santiago Caputo afirmó este miércoles en su cuenta de la red social X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas». Además, sostuvo que «tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra».
Según datos del Gobierno, entre 2003 y 2023 la cantidad de beneficiarios pasó de 76.000 a 1.200.000. Caputo atribuyó ese aumento a «certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política» y calificó la situación como «una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años».
El asesor también se refirió al Congreso: «Mientras el Gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden DUPLICAR las pensiones existentes». Según Caputo, las prestaciones para quienes tienen una discapacidad real «terminan siendo un desastre» por la falta de fondos.
Las declaraciones se produjeron luego de que se conociera que la exlegisladora y exparticipante del programa Gran Hermano Romina Uhrig posee un certificado de discapacidad tramitado en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno. El documento tiene fecha de vencimiento en 2028.
Esta semana, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez». La iniciativa busca crear herramientas legales para «prevenir, detectar y sancionar el fraude», después de que investigaciones administrativas y judiciales detectaran irregularidades como domicilios fantasma y falta de historias clínicas.
El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para el millón de personas que cobra el beneficio. Cada titular deberá actualizar su información médica, personal y socioeconómica en un plazo máximo de 90 días, prorrogable por un mes más. La reglamentación exigirá constituir un domicilio físico o electrónico y habilitará vías presenciales, remotas o mixtas.
Quienes no completen el trámite enfrentarán una suspensión automática del pago y, si la falta de documentación persiste, la baja definitiva mediante un acto administrativo formal. La iniciativa modifica artículos de las leyes 13.478 y 24.901, y reformula la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (27.793).
En los fundamentos del texto, el Gobierno afirma que busca frenar un «injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional». Argumenta que, si bien el país adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cumplimiento de esos derechos debe ser «proporcional a los recursos disponibles». Además, la ley permite firmar convenios con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para que cada jurisdicción organice y asuma responsabilidades de financiamiento sobre las prestaciones de salud en sus territorios.