El tribunal difundió un comunicado en el que calificó la decisión como estrictamente procesal y afirmó que no se expidió sobre el fondo del régimen que limita la compra de tierras por extranjeros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió este miércoles un comunicado en respuesta a las críticas recibidas tras revocar, el lunes, la cautelar que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En el texto, el tribunal enmarcó la causa «Cecim c. el Gobierno Nacional» como una decisión «estrictamente procesal» y sostuvo que no contiene una posición sobre el fondo del régimen que limita la compra de tierras por extranjeros.
El comunicado, difundido «continuando con su política de lenguaje claro», indica que busca «despejar dudas» sobre la sentencia. La Corte afirma que solo resolvió si una asociación tenía legitimación para obtener una medida cautelar, y que lo hizo «estrictamente» de acuerdo con sus precedentes. Aclara que el fallo no afecta a otras cautelares con el mismo objeto que tramitan en distintos tribunales y que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen de tierras puede pedir una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente. Agrega que tampoco se obstaculiza la tarea del Congreso con el DNU 70/2023, que el Senado rechazó el 14 de marzo de 2024 y que hoy examina la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, el comunicado sostiene que la Corte «ha ejercido un liderazgo» en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos, y que no es conveniente «confundir a la población». Distingue entre la crítica, que considera válida, y la descalificación y el odio, que según el texto «sólo deterioran las instituciones y la democracia». También advierte a los «grupos de interés que presionan sobre el tema» que el reclamo judicial es, en una democracia, más adecuado que «la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales».
Por último, la Corte aclara que la controversia sobre el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737 «no ha sido resuelta». Dice que se expedirá cuando lleguen esos reclamos, lo que todavía no ocurrió, y concluye que «no puede interpretarse de ninguna manera» que exista una posición del Tribunal o de sus ministros sobre el régimen.
El fallo y su repercusión
La sentencia, de ocho páginas según Perfil, lleva las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Revocó lo resuelto por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional la derogación de la ley y ordenado reinscribir el caso como colectivo.
El argumento central de la Corte fue que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), autor del amparo, no tenía legitimación. Entendió que no había un «caso» o «controversia» en los términos del artículo 116 de la Constitución. Agregó que la soberanía territorial, por ser uno de los elementos constitutivos del Estado, no puede considerarse un bien colectivo según el artículo 43.
En la práctica, vuelve a regir la derogación de la ley. Sancionada en 2011, la 26.737 fijaba un tope del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, y un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. También imponía restricciones en zonas de seguridad de frontera y sobre inmuebles vinculados a cuerpos de agua.
Tras conocerse el fallo, el Cecim calificó la decisión como un fallo que «puso a la Argentina en venta» y sostuvo que la Corte «resolvió el problema político» del Gobierno. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez la tildó de «trampa formalista» y advirtió que «blinda» el ejercicio autocrático del poder.
En el plano político, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anticipó que impulsará el rechazo del decreto y llamó a movilizarse. Cecilia Moreau pidió que Diputados siga el camino del Senado, y Esteban Paulón reclamó una sesión especial urgente. Juan Grabois, por su parte, convocó a «voltear» el fallo.
Cómo se llegó hasta acá
El conflicto se originó con el DNU 70/2023, firmado por Javier Milei en diciembre de 2023, cuyo artículo 154 derogó la ley 26.737. El Cecim presentó un amparo y, durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak dictó una cautelar que repuso la ley. Días después, el juez Alberto Recondo la dejó sin efecto por considerar que la agrupación carecía de legitimación. La Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión y el Estado Nacional apeló, lo que llevó el caso a la Corte.
Qué sigue
El comunicado traslada el debate a dos escenarios. En el judicial, la Corte dejó abierta la puerta a nuevos planteos, aunque deberán ser presentados por quienes acrediten legitimación. En el político, el DNU 70/2023 sigue pendiente en Diputados, después de haber sido rechazado por el Senado.