Una auditoría ordenada por el Gobierno halló una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible de la exAgencia Nacional de Discapacidad. El organismo está bajo investigación judicial por presunto fraude en la compra de medicamentos.
El Gobierno detectó un desfasaje de 158 mil millones de pesos en los números internos de la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis). La cifra surgió en la auditoría realizada con la intervención del organismo tras el inicio del caso judicial. Ese monto corresponde a deudas que no pasaron por las áreas de control establecidas y están bajo investigación de la Justicia.
La auditoría, a la que accedió LA NACION, analiza la gestión de la exAndis hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó al director Diego Spagnuolo y a otros funcionarios. El trabajo relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas. Sobre el desfasaje, señaló: «Se constató una diferencia de $158.717.131.557,63, entre los listados de la Deuda Exigible».
La observación resultó de dos consultas internas con resultados dispares. Los auditores solicitaron información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Dentro del desfasaje, la DNASS informó una deuda mayor.
Esta dirección concentra sospechas del fiscal Franco Picardi en la causa que investiga un presunto fraude millonario con coimas de hasta el 20%. Para el fiscal, los procesos de compra de la DNASS tuvieron supuestos «sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública».
La auditoría también marcó posibles imprecisiones en los números entregados por la DNASS. Desde esa área advirtieron que «los importes como la clasificación de los mismos puede haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga de los prestadores».
Una fuente al tanto del funcionamiento de la exAndis, consultada por LA NACION, comentó que el desfasaje no es inusual, aunque consideró «significativo» el monto. Explicó que «la DNASS asume y se compromete a pagar, pero después no tiene ese presupuesto y todavía esa deuda, para que sea reconocida por la DPYC tiene que pasar por todo un sistema administrativo que a veces no se completa». La compra de medicamentos de alto costo, contemplados dentro de PACBI, «muchas veces genera estas cuestiones que autorizas el pago y después presentan todos los papeles», según su experiencia.
La auditoría no incluye el detalle de cómo se compone esa «deuda no registrada». Fuentes oficiales afirmaron que «el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y continuará colaborando con la investigación».
La causa judicial identificó compras PACBI para justificar la acusación sobre los imputados. Por ejemplo, el medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas costó $411.764, llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas en noviembre de 2024.
Fuentes cercanas a Spagnuolo dijeron que él «no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SiiPFIS». LA NACION intentó contactarse con el exdirector de la DNASS, Daniel Garbellini, pero no obtuvo respuesta. Ante la Justicia, Garbellini presentó por escrito: «No hubo desvío de fondos» y negó haber participado en un «esquema de sobreprecios».
La auditoría también alertó sobre la metodología de pago. «Se constató que hasta la fecha de corte, el Organismo sigue utilizando la figura de Legítimo Abono para efectuar un pago por un bien o servicio que ya ha sido entregado o cumplido, incumpliendo la regla general dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 1023/2001», observó.
Esa regla general sobre contrataciones del Estado recomienda realizar licitaciones públicas o concursos públicos. La auditoría analizó los servicios cancelados mediante Legítimo Abono y relevó que «solo se han iniciado seis procedimientos de compras».
La figura de Legítimo Abono refiere a «la aprobación de gastos que no fueron gestionados a través de los procedimientos» formales, según un dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones. Ese documento agrega que «frente a la efectiva prestación del servicio y/o entrega de los bienes por parte de la persona interesada, se ha dicho que resulta equitativo que se propenda a su retribución», pero reconoce que no es la mejor práctica. Advierte que no respetar los procedimientos «no sólo afectará la transparencia en el manejo de fondos públicos, sino que además, al no propiciar la concurrencia y competencia de todos los posibles interesados en presentar ofertas, en pie de igualdad, la Administración se verá imposibilitada de verificar si la opción que elija es la más conveniente, en términos de precio, calidad, idoneidad del proveedor».
La auditoría no identificó qué pagos se realizaron bajo Legítimo Abono, pero detalló cuánto dinero recibió cada prestador por la compra de medicamentos e insumos. La cifra ascendió a $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. El proveedor que más fondos recibió fue Suizo Argentina, con $108.258 millones concentrados en medicamentos PACBI. Fuentes cercanas a la empresa señalaron: «Suizo es una empresa centenaria que realiza sus múltiples actividades comerciales de forma lícita y de acuerdo a altos estándares. No tiene nada que ver con los hechos investigados en la causa».
La investigación se orientó hacia otras droguerías y proveedoras de insumos ortopédicos, y en presuntos agentes paraestatales que estaban al tanto de las contrataciones de la exAndis y supuestamente canalizaban coimas de hasta el 20%.
En paralelo, en la causa comenzaron las pericias sobre los audios atribuidos a Spagnuolo que hicieron nacer el caso, en los que se habla de irregularidades en la agencia y se menciona a Karina Milei. Esas grabaciones son cuestionadas por algunas defensas que buscan la nulidad de la causa.