La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro dispuso el desalojo de la fábrica de Virreyes, donde un grupo de trabajadores mantiene una permanencia desde febrero. El sindicato convocó a concentrarse frente al establecimiento y anunció un abrazo para el viernes a las 10.
A siete meses del cierre de la planta de FATE, el conflicto sumó un nuevo capítulo judicial. Según informó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la fábrica de Virreyes, donde un grupo de empleados mantiene una permanencia para reclamar por sus puestos de trabajo.
El gremio convocó a sus afiliados y a otras organizaciones sindicales, políticas y sociales a concentrarse frente al establecimiento, ubicado en el partido bonaerense de San Fernando, y reforzar la presencia durante la madrugada.
Además, anunció que este viernes 18 de septiembre a las 10 realizará un abrazo a la planta y una conferencia de prensa para rechazar la resolución judicial.
En un comunicado, el SUTNA calificó la decisión como “aberrante” y reiteró que la paralización de la producción constituye un “lockout patronal”. Esa caracterización corresponde a la posición del sindicato y es rechazada por la empresa.
“Llamamos a todos a acercarse desde ahora mismo a la puerta de la planta a apoyar a los trabajadores de FATE”, expresó la organización gremial, que cerró el mensaje con la consigna “FATE no se cierra”.
El sindicato sostuvo que el conflicto es seguido por otras organizaciones del movimiento obrero y cuestionó que se avance con el desalojo mientras continúa abierta la discusión judicial sobre el cierre de la planta y la situación laboral de sus empleados.
El conflicto por el cierre de FATE
El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su planta industrial y la desvinculación de 920 trabajadores. Los empleados conocieron la decisión mediante un cartel colocado en el ingreso al establecimiento.
La empresa, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, atribuyó la medida a la pérdida de competitividad, la caída de la demanda, el aumento de las importaciones y los elevados costos de producción.
El sindicato rechazó esos argumentos y sostuvo que la compañía incumplió un acuerdo firmado en mayo de 2025, mediante el cual se había comprometido a no realizar despidos sin causa hasta mediados de 2026. Desde entonces, los trabajadores mantienen una permanencia dentro del predio para reclamar la reapertura y evitar el desmantelamiento de las instalaciones.
La disputa avanzó por dos vías judiciales. En el fuero laboral se discuten la vigencia del acuerdo, el pago de los salarios y la validez de los despidos. En ese expediente, la Justicia ordenó que la empresa continuara abonando los haberes mientras se resuelve la cuestión de fondo.
En paralelo, se abrió una causa penal vinculada con la ocupación del establecimiento y el pedido de desalojo impulsado por FATE. En junio, 24 trabajadores y dirigentes sindicales fueron citados a declaración indagatoria por los hechos ocurridos dentro de la planta.
El SUTNA sostiene que la permanencia constituye una medida gremial para preservar los puestos de trabajo. La compañía, por su parte, reclama recuperar el control del predio.
El gremio también pidió la intervención del gobernador bonaerense Axel Kicillof e impulsó en la Legislatura provincial un proyecto de ocupación temporaria de la fábrica mientras se busca una salida al conflicto.