La expresidenta presentó un escrito ante la Justicia para que se reliquide su pensión de privilegio, se le abonen montos retroactivos desde abril de 2026 y se declare nula la resolución que le descontó el 20% de la prestación. El apoderado del ANSES aún no se pronunció.
La expresidenta Cristina Kirchner solicitó a la Justicia que se recalcule su pensión de privilegio, se le abonen los retroactivos por Zona Austral y se declare nula la resolución que dispuso un descuento del 20% sobre la prestación. La presentación fue realizada por su apoderado, Facundo Fernández Pastor, ante el fuero de la Seguridad Social.
Según consta en el expediente, el 22 de agosto la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagó la pensión a Kirchner en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Esa cautelar restituyó de forma provisoria una de las dos asignaciones que la exmandataria percibía hasta noviembre de 2024, cuando fueron dadas de baja tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.
En el escrito, Fernández Pastor plantea que, al restituirse el beneficio, se debió abonar junto con la pensión de agosto los montos correspondientes a los meses previos, desde el 24 de abril de 2026, fecha en que quedó firme la cautelar de los jueces Russo y Fantini. Asimismo, solicita que la liquidación se realice conforme lo dispuesto por la Acordada N° 20 de la Corte Suprema de Justicia, es decir, sin los descuentos correspondientes a Ganancias y obra social.
De acuerdo con el medio La Nación, el monto aproximado que se habría descontado de la pensión de agosto sería de 950.000 pesos por obra social y 3 millones de pesos en concepto de restitución por sumas indebidamente percibidas. Por ese motivo, Kirchner habría cobrado unos 12 millones de pesos.
El apoderado de la expresidenta sostiene dos argumentos contra el descuento del 20%: que la resolución que ordena esa quita no fue notificada formalmente ni a él ni a su representada, y que el porcentaje aplicado es confiscatorio.
El reclamo también incluye los adicionales que Kirchner percibió durante años por zona austral, incluso cuando ya se había instalado con su familia en Buenos Aires. Fernández Pastor defiende el cobro de ese plus afirmando que su representada «tuvo su domicilio real en Río Gallegos hasta que el Tribunal Oral Federal la confinó a vivir en el departamento de San José», en referencia al lugar donde actualmente cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
El abogado asegura que, a pesar de haber ocupado diferentes puestos (diputada nacional, presidenta de la Nación, senadora y vicepresidenta) en la Capital Federal, Cristina Kirchner «nunca dejó de viajar a su casa en Río Gallegos, ni de tener en esa residencia su domicilio fiscal, ni de abonar los servicios».