lunes, 31 agosto, 2026
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Ariel Lijo solicitó informes a tres ministerios por denuncias de Victoria Tolosa Paz y el gobierno riojano

El juez federal Ariel Lijo requirió formalmente informes al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y a Vialidad Nacional en el marco de una causa penal por el supuesto desvío de fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

El juez federal Ariel Lijo solicitó al Gobierno nacional informes detallados sobre la administración de las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento y construcción de la red vial. La medida se enmarca en una causa penal que investiga el supuesto desvío de más de $1 billón provenientes del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) hacia instrumentos financieros.

El magistrado ordenó librar oficios al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo; a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli; y a la Dirección Nacional de Vialidad. También solicitó precisiones a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre eventuales controles u observaciones vinculados al fideicomiso del decreto 976/01 y a las cuentas del SISVIAL desde 2024 hasta la fecha.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fueron aceptados como querellantes en el expediente, lo que les permite sugerir medidas de prueba e impulsar el avance de la causa.

Según datos de la provincia de La Rioja, al 31 de mayo de 2026 existían $1.001.017.908.957 asignados al SISVIAL invertidos en letras del Tesoro y plazos fijos en lugar de ser aplicados a las rutas. La denuncia indica que, de aproximadamente $1,5 billones asignados al sistema durante los primeros dos años y medio de gestión de Javier Milei, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras.

La presentación impulsada por Tolosa Paz acusa al ministro Luis Caputo y a funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación por presunta malversación de caudales públicos agravada.

En paralelo a la causa penal, la diputada del bloque Unión por la Patria obtuvo autorización para tramitar un amparo colectivo ante la Justicia Federal de La Plata, con el objetivo de exigir la reactivación inmediata de los trabajos de mantenimiento vial en el territorio bonaerense.

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