El consultor político argentino Fernando Cerimedo cumplirá seis meses de detención en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por una causa de enriquecimiento ilícito.
La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para el consultor político argentino Fernando Cerimedo por un plazo de 180 días, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La medida se suma a la otra causa que enfrenta por la presunta tentativa de femicidio contra su pareja, Nadia Beller.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla la detención en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. La decisión se tomó luego de una audiencia virtual celebrada este sábado.
El asesor político participó de la audiencia desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, y declaró que no se fugará por las causas que se le investigan. «Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida», sostuvo. Además, afirmó: «Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió», según reconstruyó el diario boliviano El Deber.
El día anterior, Cerimedo había declarado ante la Justicia boliviana en la causa por enriquecimiento ilícito, donde afirmó que gana medio millón de dólares al mes desde 2025 como resultado de sus empresas de comunicación digital. En esa declaración informativa, optó por no responder las más de 200 preguntas que se le formularon y, sobre su actividad laboral, se limitó a decir que el dinero «proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital» y reafirmó su vínculo con Rodrigo Paz, colaborador del presidente de Bolivia.
Ante la consulta sobre su ingreso mensual durante 2025, respondió: «Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia». Cuando se le preguntó por 2026, sostuvo: «Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior».
La otra causa por la que está imputado se refiere a la presunta tentativa de femicidio contra Nadia Beller. La medida fue dispuesta tras una audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra, donde el juez Wilson Espada rechazó los planteos de la defensa y habilitó la incorporación de información extraída del teléfono del acusado.