La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, la ley de Inocencia Fiscal II. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, será girado al Senado para su tratamiento.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en una sesión maratónica, la ley de Inocencia Fiscal II, una reforma que forma parte del programa económico del Gobierno y que busca incorporar al sistema financiero los dólares que se encuentran fuera del circuito formal. La iniciativa obtuvo la media sanción con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, y fue girada al Senado.
El proyecto fue respaldado por el oficialismo y los bloques aliados del PRO, la UCR y los partidos provinciales. El peronismo, la izquierda y sectores de la oposición rechazaron la iniciativa, que fue impulsada por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.
La diputada Laura Rodríguez Machado defendió la propuesta, que reduce multas para MiPyMEs, limita la discrecionalidad fiscal y excluye a funcionarios y ex funcionarios de los beneficios del programa.
El proyecto modifica el régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias y establece nuevas condiciones para que ARCA cuestione las declaraciones de los contribuyentes. Entre los cambios, se eliminan los límites de ingresos y patrimonio que estaban fijados en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Además, se define qué se considera una «discrepancia significativa»: el organismo podrá formular observaciones cuando detecte una inconsistencia que implique una diferencia de al menos 15% en el impuesto que debería pagar el contribuyente.
La reforma impide el acceso al blanqueo a las personas que cumplen o ejercieron cargos públicos durante los últimos cinco años en determinados cargos de jerarquía de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La restricción también alcanza a legisladores nacionales, provinciales, de la Ciudad y concejales, magistrados, integrantes del Ministerio Público y otras autoridades institucionales. Estas personas podrán presentar su declaración y efectuar el pago correspondiente, pero no accederán a los efectos, beneficios ni presunciones del régimen.
La norma prevé, además, una reducción automática del 25% en determinadas multas formales para pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales.
Durante el debate, la diputada Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, expresó su apoyo a la normativa y sostuvo que no se puede admitir que un funcionario público «se excuse en la inocencia fiscal para explicar cómo consiguió los bienes que tiene». «Eso, indudablemente, estaba mal y prefiero esta ley a la que teníamos», afirmó, y reclamó que la restricción también se extienda a los familiares.
El diputado Martín Lousteau criticó la propuesta y afirmó que «detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos». Agregó que la propuesta podría llamarse «la ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert».
En el cierre del debate, el diputado Nicolás Mayoraz se refirió al kirchnerismo y señaló: «Piden que liberen a Cristina y no quieren que los ahorristas incorporen al sistema los ahorros legítimamente ganados».