Una nueva legislación rusa habilita al Estado a aplicar restricciones económicas, administrativas y civiles a ciudadanos rusos residentes en el extranjero, según informó la relatora especial de la ONU Mariana Katzarova.
GINEBRA (Enviado especial). Una nueva ley rusa permitirá imponer amplias restricciones económicas, administrativas y civiles a ciudadanos rusos que viven fuera del país, incluidos críticos al gobierno de Vladimir Putin y voces contrarias a la guerra, según denunció Mariana Katzarova, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La medida dispone que la congelación de bienes, la imposibilidad de renovar pasaportes o el bloqueo del acceso a servicios bancarios son algunas de las acciones que podrán aplicarse a ciudadanos rusos residentes en el extranjero incluidos en una nueva lista oficial. Según Katzarova, se trataría de críticos del Gobierno o voces contrarias a la guerra.
La relatora, de nacionalidad búlgara, advirtió que la norma puede hacer prácticamente insostenible la vida de los afectados fuera del país. Señaló que la legislación representa una nueva herramienta de presión contra los rusos en el exilio y profundiza la represión tanto dentro como fuera de las fronteras rusas.
El documento que recoge sus declaraciones describe las consecuencias de la medida como una forma de “muerte cívica” para las personas afectadas. El texto establece medidas restrictivas temporales para personas que se encuentran fuera de Rusia, según las autoridades, estén eludiendo el cumplimiento de una sanción.
El Ministerio de Justicia mantendrá una lista pública de rusos en el extranjero con condenas penales pendientes o sancionados por determinadas infracciones administrativas. Estas personas podrían quedar sometidas a 14 categorías de restricciones que abarcan numerosos aspectos de su vida cotidiana.
Entre las restricciones se definen la congelación de fondos y propiedades, la suspensión de licencias y acreditaciones, la anulación de firmas electrónicas y la pérdida de acceso a los servicios digitales del Estado. También se incluyen medidas que afectan servicios consulares como la expedición y renovación de pasaportes, el registro de matrimonios y cambios de nombres, restricciones para conducir y registrar vehículos, realizar operaciones inmobiliarias, actos notariales, otorgar poderes, obtener créditos, trabajar por cuenta propia o acceder a servicios bancarios de forma remota.
Katzarova señaló que, aunque las autoridades presentan la legislación como un mecanismo para garantizar la inevitabilidad del castigo, su aplicación no se limita a condenas penales. También puede activarse por infracciones administrativas que la experta considera políticamente motivadas, incluidas las relacionadas con las normas sobre agentes extranjeros, organizaciones indeseables y censura vinculada con la guerra, como las disposiciones contra la desacreditación de las fuerzas armadas y las denominadas noticias falsas sobre el ejército.
Las disposiciones también abarcan llamados a imponer sanciones o expresiones consideradas contrarias a la integridad territorial de Rusia. Katzarova afirmó que los tribunales rusos han utilizado estas disposiciones desde 2022 para castigar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contra la guerra. Recordó que Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, se refirió a las personas a las que se dirige la medida como “extremistas” y “traidores a la patria”.
La relatora expresó especial preocupación por la falta de garantías en el procedimiento: ningún tribunal decide quién es incluido en la lista y la persona afectada no es notificada ni escuchada. Además, pese a que las restricciones son calificadas como temporales, la legislación no establece un límite de tiempo para su aplicación.
En la práctica, según Katzarova, la legislación supone un castigo masivo contra críticos del gobierno y voces contrarias a la guerra, diseñado para hacer insostenible su vida fuera de Rusia. Las personas afectadas conservarían las obligaciones derivadas de la ciudadanía, pero perderían gran parte de los derechos y servicios asociados a ella, quedando en una situación que describió como apátrida de facto.
La experta recordó que Rusia continúa sujeta a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pidió a las autoridades derogar la nueva legislación y anular condenas dictadas en ausencia en casos políticamente motivados. Instó a otros Estados a considerar la ley como una severa forma de represión transnacional y pidió que los países que acogen a ciudadanos rusos en situación de riesgo garanticen que puedan obtener y renovar documentos de identidad y de viaje, regularizar su residencia y conservar el acceso al empleo y los servicios bancarios.
Katzarova solicitó que estas personas no sean devueltas por la fuerza a Rusia y que otros Estados no den efecto jurídico a las designaciones realizadas al amparo de la nueva legislación. Concluyó exhortando que la protección plena de los críticos del Gobierno, los defensores de derechos humanos y las voces contra la guerra en el exilio es fundamental para la supervivencia de la sociedad civil rusa.