El Servicio Postal de Estados Unidos completó una normativa para el manejo de boletas electorales por correo, pero su aplicación sigue suspendida por órdenes judiciales. La medida, impulsada por la administración Trump, no regirá para los comicios de noviembre si persisten los bloqueos.
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) finalizó una normativa técnica para el manejo de boletas electorales por correo, aunque su aplicación efectiva permanece bloqueada por la justicia. La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, exige cambios en el diseño de los sobres y la integración de códigos de barras, pero no entrará en vigor para los comicios de noviembre a menos que se levanten las órdenes judiciales vigentes.
El USPS publicó el documento oficial el viernes 21 de agosto de 2026, con una fecha de publicación formal en el Registro Federal fijada para el 26 de agosto, de acuerdo con Reuters. A pesar de este paso administrativo, la institución reconoció que no ejecutará los requisitos de verificación ni los cambios en el procesamiento de sobres mientras persistan las medidas cautelares emitidas por tribunales federales.
Alcance del fallo judicial
El lunes 24 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el Gobierno avance con componentes específicos de la orden ejecutiva presidencial, al revocar una medida cautelar previa que bloqueaba parcialmente el decreto, informó ABC News. La mayoría conservadora, en una opinión sin firma (6-3), señaló que los estados demandantes no demostraron daños inmediatos.
Los magistrados aclararon que este fallo no valida la constitucionalidad de la orden, sino que cuestiona la jurisdicción de los tribunales inferiores para intervenir antes de que la norma cause perjuicios reales.
Las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan presentaron una disidencia al argumentar que el decreto ya “genera daños potenciales”. En un escrito separado, la jueza Ketanji Brown Jackson criticó a sus colegas por fomentar la confusión ante la proximidad de las elecciones.
La resolución judicial autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a compilar listas de ciudadanía y permite al Fiscal General priorizar investigaciones contra funcionarios electorales, aunque no despeja el camino para la aplicación inmediata de las reglas postales.
Requisitos técnicos y límites de la norma
La regla finalizada del USPS propone que los estados recolecten datos básicos, como el nombre y la dirección, vinculados a un código de barras único en cada boleta. Si la norma llegara a aplicarse, esta información debería ingresarse en un portal federal antes de que el correo acepte el material. El USPS advirtió que no entregaría boletas de estados que incumplan estos estándares, aunque aclaró que no desempeñará un rol en la verificación de la elegibilidad de los votantes.
La normativa es una versión más limitada de las peticiones iniciales de la Casa Blanca, que buscaban una centralización mayor de los padrones. El Servicio Postal enfatizó que la regla no establece excepciones específicas para militares, personas con discapacidad, enfermedad o viajes, pero tampoco constituye una prohibición del voto por correo.
La entidad sostiene que los cambios buscan incrementar la visibilidad sobre la cadena de custodia de los materiales, a pesar de las críticas sobre la viabilidad de su implementación.
Desafíos logísticos y cronograma electoral
El calendario electoral representa el desafío principal para la administración, ya que los estados deben enviar las primeras boletas a militares y residentes en el extranjero el 4 de septiembre. Expertos señalan que resulta virtualmente imposible que los estados modifiquen sus sistemas de impresión y carga de datos en un plazo de 71 días antes de la elección general. La incertidumbre persiste debido a que una orden judicial distinta, emitida en Boston, continúa prohibiendo la implementación de cambios procedimentales en el manejo de boletas en gran parte del territorio nacional.
La senadora republicana Lisa Murkowski cuestionó la viabilidad de estos mandatos federales, al citar las dificultades de implementación de programas de identificación oficial en Alaska. La legisladora advirtió que las reformas de este tipo suelen derivar en problemas operativos graves en el mundo real. Mientras tanto, el Servicio Postal, que recibió más de 200 mil comentarios públicos sobre el cambio, sostiene que la medida permitirá una mejor identificación de incidencias durante el proceso.
Debate sobre la soberanía electoral
La centralización de los datos electorales bajo control federal genera un fuerte rechazo entre expertos y organizaciones civiles. Jonathan Diaz, director de defensa del voto en el Campaign Legal Center, advierte que esta medida otorga al Ejecutivo una influencia excesiva sobre la configuración del electorado. Al respecto, Diaz sostiene que esta política representa “un intento de imponer una solución vertical a un sistema que ya está funcionando”. Los críticos subrayan que la Constitución otorga esta competencia exclusiva a los estados o al Congreso, y no al Poder Ejecutivo.
Este conflicto ocurre en paralelo al estancamiento de la SAVE America Act, una pieza legislativa republicana que exige pruebas de ciudadanía y fotografía para sufragar. El presidente ha presionado por su aprobación, incluso mediante la eliminación del bloqueo parlamentario en el Senado. La administración insiste en que las nuevas reglas postales facilitarán la aplicación de la ley federal, aunque el impacto real en los comicios de mitad de periodo permanece supeditado a la resolución de los litigios pendientes.