La fiscal Analía Cepede identificó a cuatro víctimas y a 15 detenidos, entre ellos un policía, peones rurales, remiseros y un asesor legislativo. Se investiga también la colocación de implantes anticonceptivos a menores de 12 y 14 años.
La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, identificó a cuatro niñas víctimas de abuso sexual en Villa de María de Río Seco, localidad del norte cordobés de aproximadamente 6.000 habitantes. La causa cuenta con 15 detenidos, entre ellos un policía, peones rurales, remiseros y un asesor de la Legislatura de Córdoba, José Villarreal, quien se encuentra preso.
Según la investigación, los hechos consistieron en la iniciación y aprovechamiento sexual de las menores desde edad temprana. Además, se investiga la colocación de implantes subcutáneos anticonceptivos a dos de las víctimas cuando tenían 12 y 14 años. En uno de los casos, el padre de la niña declaró haberla acompañado al centro de salud; en el otro, la fiscal solicitó informes. La fiscalía busca determinar si el protocolo médico habilita la implementación de métodos anticonceptivos a esa edad y bajo qué condiciones.
La causa avanza en la etapa de indagatorias preliminares. De acuerdo con la instrucción judicial, los abusos no responden a una red de trata organizada, sino a una mecánica informal de transmisión de contactos telefónicos entre los hombres y las menores. Los acusados, que compartían ámbitos laborales, se pasaban los contactos de las víctimas a modo de referencia, práctica que también se replicaba entre las propias niñas.
Las declaraciones en Cámara Gesell de las cuatro adolescentes revelaron que los encuentros se pactaban a cambio de sumas de dinero que podían alcanzar los $80.000 o la entrega de objetos de escaso valor. Los hechos se habrían consumado en diversos puntos de la localidad, incluida una casilla precaria ubicada dentro de un campo perteneciente al legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores. La fiscal localizó otros puntos de encuentro en el pueblo.
Las víctimas y sus familias fueron asistidas por el Polo de la Mujer y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Los exámenes médicos constataron que no presentan lesiones físicas visibles de violencia directa, y se encuentran bajo un programa de contención psicológica. El entorno de las menores está caracterizado por situaciones de vulnerabilidad social y económica, con estructuras familiares amplias, madres solas o, en un caso, una bisabuela a cargo.
El abordaje judicial logró que las niñas, que habían abandonado el sistema educativo, fueran escolarizadas nuevamente. El Estado cordobés designó un “abogado del niño” de manera individual para cada una de las víctimas.