El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el magistrado Abdoulaye Seye, en el marco de la campaña para desmantelar el tribunal.
Buenos Aires, 18 de agosto (NA) — Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la corte. La medida se inscribe en la campaña del Gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar el tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en un comunicado: «Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción» de ese tribunal.
El anuncio está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, quien prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte, según reportó el sitio DW y la Agencia Noticias Argentinas.
Rubio añadió: «La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía».
Washington impuso sanciones, que incluyen prohibición de viaje a Estados Unidos y congelamiento de activos en ese país, a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.
Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la institución, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o el suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado el Estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, que tampoco son firmantes.
En un comunicado, la CPI reaccionó considerando que esas sanciones «socavan el Estado de derecho». El tribunal, con sede en La Haya, señaló: «Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo». Además, la corte rechazó las presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones «con independencia e imparcialidad» y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.