Un análisis de economistas estatales estima que la iniciativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que ampliaría la exención de impuestos a la propiedad para viviendas principales, podría reducir los ingresos de ciudades, condados y distritos especiales en casi 12.000 millones de dólares por año hacia 2031, según informó Tampa Bay Times.
El plan del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para reducir impuestos a la propiedad podría generar una pérdida anual de casi 12.000 millones de dólares para los gobiernos locales para 2031, de acuerdo con un análisis de economistas estatales citado por Tampa Bay Times. La medida, que se someterá a votación en noviembre, busca ampliar la protección constitucional para viviendas principales mediante una expansión de la exención homestead.
Según Fox Business, la propuesta permitiría que propietarios elegibles reciban hasta 250.000 dólares de exención sobre impuestos no escolares, con aplicación gradual desde 2027 si la enmienda es aprobada. La iniciativa fue presentada por DeSantis como una respuesta al aumento del costo de vida en el estado.
El impuesto a la propiedad constituye una fuente central de financiamiento para los gobiernos locales, con la que se pagan servicios como policía, bomberos, obras, parques, bibliotecas, infraestructura, recolección de residuos y administración municipal. El Florida Policy Institute señaló que la enmienda, denominada «Save Our Homes From Excessive Property Taxes», tendría un costo recurrente cercano a los 12.000 millones de dólares, según la estimación de la Revenue Estimating Conference del estado.
Si los gobiernos locales pierden ingresos, deberán optar entre recortar servicios, subir tasas, crear cargos, demorar obras o trasladar parte del peso fiscal a propiedades comerciales, alquileres u otros contribuyentes. CBS Miami informó que comunidades pequeñas y rurales con alta proporción de viviendas homestead podrían estar entre las más afectadas, así como condados y ciudades que dependen fuertemente del impuesto a la propiedad.
La enmienda requiere el 60% de los votos para entrar en vigor. De ser aprobada, implicaría uno de los mayores cambios fiscales recientes en Florida, con una factura más baja para los propietarios y una pérdida estructural de ingresos para los gobiernos locales.