El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva para Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros cinco procesados, acusados de liderar una red de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en República Dominicana. Según el Ministerio Público, los fundamentos que originaron la medida permanecen vigentes, por lo que los acusados seguirán detenidos mientras avanza el proceso judicial.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva para Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros cinco procesados, acusados de liderar una red de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en República Dominicana. Según el Ministerio Público, los fundamentos que originaron la medida permanecen vigentes, por lo que los acusados seguirán detenidos mientras avanza el proceso judicial.
La decisión, adoptada durante una audiencia celebrada en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, alcanza a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y a los coimputados Gustavo Enrique M., Francisco Iván M., Germán Rafael R., Rafael Luis M. y Ramón Alan S. Desde diciembre del año anterior, todos cumplen prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. De acuerdo con el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el tribunal concluyó que la prisión preventiva es una medida “necesaria, idónea y proporcional”.
Camacho declaró a la prensa: “estos imputados deben continuar en prisión preventiva y en el momento indicado deben recibir sentencias que sean ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, según recogió El Caribe.
La causa y los cargos
La investigación, conocida como Operación Cobra, desarticuló un entramado de corrupción administrativa dentro del SeNaSa que, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sustrajo sumas millonarias del patrimonio público. Los procesados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La Pepca, dirigida por la procuradora de Corte Mirna Ortiz, representó al Ministerio Público durante la audiencia. El expediente detalla que entre enero de 2021 y febrero de 2025 se autorizaron 4.363 servicios médicos fraudulentos, principalmente cirugías menores y consultas especializadas, por un monto aproximado de RD$41.125.551,02.
Según Diario Libre, muchos de esos procedimientos fueron tramitados mediante maniobras irregulares, como la falsificación de documentos y la manipulación de estados financieros de la institución.
Otros imputados y medidas
En abril, las autoridades detuvieron a Ángel Luis G., quien trabajó como auxiliar en el Departamento de Autorizaciones Médicas del SeNaSa. El imputado intentó salir del país hacia Estados Unidos con un boleto solo de ida y está vinculado a la aprobación irregular de procedimientos médicos, de acuerdo con el reporte del Ministerio Público. Su prisión preventiva también fue ratificada recientemente.
Además, la acusada Ada L. cumple arresto domiciliario tras la variación de la medida por cuestiones médicas, mientras que los procesados Cinty A., Heidi Mariela P. y Eduardo Read E. permanecen bajo arresto domiciliario, con medidas económicas y prohibición de salir del territorio nacional.
La acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público sostiene que el grupo operó como una asociación ilícita con la participación de funcionarios y proveedores de servicios de salud, lo que afectó a los afiliados del SeNaSa y provocó un desfalco de recursos públicos. El órgano acusador afirmó haber recopilado pruebas de sobornos sistemáticos y de la existencia de programas especiales sin respaldo legal, usados para desviar fondos estatales.
El proceso judicial continúa. Según los voceros oficiales, las autoridades buscan tanto la imposición de sanciones penales como el decomiso de los fondos sustraídos.