El Partido Popular advierte sobre un posible fraude electoral vinculado a la ley de Memoria Democrática, mientras el Gobierno defiende la medida como una reparación histórica. El crecimiento del censo exterior y la asignación automática de circunscripción a los nuevos nacionalizados sin arraigo generan controversia.
El Partido Popular (PP) ha expresado su preocupación por el impacto que la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática podría tener en las próximas elecciones generales. La norma, aprobada en 2022, facilita la obtención de la nacionalidad española a descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Según el PP, una reinterpretación administrativa posterior eliminó el requisito de acreditar persecución política, ampliando el universo de beneficiarios y generando un incremento significativo en el padrón de españoles residentes en el extranjero (CERA).
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el padrón exterior creció en 375.027 inscritos desde julio de 2023 hasta mayo de 2026, un 16,1% más. Para las próximas generales, previstas para 2027, se estima un total cercano a los tres millones de electores en el exterior. La mayor parte de este incremento se atribuye a la citada norma.
El PP sostiene que el Gobierno está realizando “ingeniería electoral” al facilitar la inscripción masiva de votantes, lo que podría alterar el resultado en provincias clave. En particular, el partido señala tres puntos: la dificultad de verificar los antecedentes familiares de los solicitantes, la asignación de circunscripciones a aquellos que no pueden acreditar arraigo en ninguna provincia española (que quedan adscritos por defecto a la Comunidad de Madrid) y la existencia de una casilla de “otros motivos” en el formulario de adscripción electoral.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no le pertenece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal”. Vox, por su parte, solicitó la eliminación del voto CERA en las próximas elecciones.
En respuesta, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificó las acusaciones de “irresponsabilidad mayúscula” y recordó que la ley responde a “principios de reparación y justicia” hacia quienes tuvieron que abandonar España durante la dictadura. Saiz también señaló que el PP aceptó durante la tramitación parlamentaria un mecanismo de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados y que en su recurso de inconstitucionalidad no solicitó la derogación de esta disposición.
El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que, a 31 de marzo de 2026, se habían aprobado 544.722 solicitudes de nacionalidad, de las cuales 306.500 ya habían sido inscritas en el Registro Civil Consular, lo que les otorga derecho a voto. Para gestionar la alta demanda, Exteriores contrató 657 nuevos empleados en el exterior en 2025, con refuerzos específicos en Argentina, Cuba y México. En diciembre de 2025 se implementó el Escritorio Único de Tramitación, una aplicación informática para gestionar expedientes de forma electrónica. En abril de 2026, el Ministerio de Justicia adjudicó un contrato de 1,7 millones de euros a la empresa Neoris España para reforzar los sistemas informáticos de tramitación de nacionalidades.
Argentina concentra el 40% de las solicitudes presentadas, con 640.000 expedientes solo en Buenos Aires. El censo electoral exterior de Argentina asciende a 505.168 electores, el 18,8% del total del CERA. La provincia de Madrid registró un aumento del 28% en sus inscritos en el exterior entre julio de 2023 y mayo de 2026, pasando de 379.961 a 486.223 electores. Este crecimiento desproporcionado se explica en parte por la norma de adscripción por defecto a Madrid para aquellos nuevos nacionalizados sin arraigo demostrable en otra provincia.
En las elecciones generales de 2023, el PP fue la fuerza más votada entre los españoles en el exterior, con 66.422 sufragios frente a los 58.973 del PSOE. En Madrid, el PP obtuvo 19.006 votos frente a 10.411 del PSOE, resultado que determinó el traspaso de un escaño en disputa. La participación en el exterior pasó del 6,85% en 2019 al 10% en 2023, tras la eliminación del voto rogado.
No existen encuestas sobre la orientación política de los nuevos nacionalizados. El comportamiento electoral de este grupo es incierto, pero el volumen del CERA, cercano a los tres millones de inscritos, podría tener un impacto significativo en el resultado de las próximas elecciones generales.