El exjuez Baltasar Garzón afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz no es justa, defendió su decisión de no dimitir y sostuvo que la Fiscalía resultó fortalecida. También se refirió a la posible instrumentalización de la justicia y al poder de la Sala de lo Penal.
El exjuez Baltasar Garzón declaró que no considera justa la condena del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y afirmó que la Fiscalía quedó fortalecida con su actuación. En una entrevista con Europa Press, con motivo de la presentación de su libro ‘La democracia amenazada’ (Planeta), Garzón sostuvo que García Ortiz ‘hizo lo que tenía que hacer’ al no dimitir inicialmente y mantener el principio de presunción de inocencia.
La condena, dictada en noviembre pasado, impuso dos años de inhabilitación a García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Garzón consideró que la sentencia no se basó en pruebas suficientemente contundentes y destacó el voto particular de dos magistradas que, según él, establecen discrepancias que suscribe.
Garzón argumentó que una sentencia debe basarse en hechos probados analizados por todos. Sostuvo que la Fiscalía quedó fortalecida porque no debe estar sujeta a intereses políticos que exijan la dimisión durante un procedimiento. Preguntó quién repara el derecho de los ciudadanos a que la persona continúe en el cargo hasta que se dicte sentencia, momento en que García Ortiz dimitió y cesó.
Consultado sobre la existencia de lawfare en España, Garzón afirmó que hay elementos que pueden interpretarse como una instrumentalización de la justicia, aunque precisó que no son los jueces quienes instrumentalizan, sino que se aprovecha un procedimiento judicial para fines distintos. Criticó que la Sala Segunda del Tribunal Supremo admita a trámite querellas y luego juzgue al mismo fiscal, lo que genera desconfianza en las estructuras judiciales.
En su libro, Garzón sostiene que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es el poder político más potente en España, por su falta de rendición de cuentas y capacidad de juzgar al presidente del Gobierno y al jefe del Estado sin apelación. Propuso establecer contrapesos, como juicios con jurado popular para ciertos delitos o una segunda instancia.
Garzón también criticó el comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reclamaba respeto a la independencia judicial, afirmando que no vio ataques a jueces sino críticas a investigaciones. Defendió que los jueces deben seguir adelante con sus decisiones sin perturbaciones, y que el estamento judicial no es intocable y puede ser criticado.
Finalmente, sobre su propia inhabilitación ratificada por el Supremo, Garzón dijo que no cuestiona la sentencia sino sus efectos, y que seguirá reclamando una autorreflexión en la justicia española sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales.