La Fiscalía General de la República de El Salvador comenzó sus alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado en un juicio que procesa a 485 líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) por miles de delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Este 5 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador inició sus alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado en el marco del macrojuicio contra la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13). El proceso judicial, que comenzó el 20 de abril de 2026, involucra a 485 jefes de la pandilla, de los cuales 72 son juzgados en ausencia por estar prófugos o enfrentar procesos en Estados Unidos.
Según la FGR, a la estructura se le atribuyen miles de crímenes cometidos entre 2012 y 2022, entre los que se destacan más de 500 asesinatos contra trabajadores públicos, incluidos más de 400 homicidios contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada (FAES).
Durante la jornada, el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que el núcleo de la acusación consiste en demostrar la evolución de la MS-13, que pasó de ser un grupo de estructuras territoriales pequeñas a convertirse en un corporativo criminal hiperconectado. Las investigaciones indican que la organización se expandió hasta conformar 32 programas nacionales, dos de ellos en el extranjero, y 230 clicas en todo El Salvador.
La Fiscalía destacó el uso del denominado “testamento”, un reglamento interno utilizado por los cabecillas para adoctrinar a los miembros, asegurar el sometimiento y mantener el control vertical de la organización. Para sustentar la culpabilidad de los líderes, el ministerio público se apoyará en la doctrina internacional de la Teoría del Aparato Organizado de Poder, que permite responsabilizar penalmente a quienes dieron órdenes sin ejecutar materialmente los crímenes.
Los alegatos finales representan la última fase de intervenciones en el juicio oral antes de que el juez delibere para dictar sentencia. En esta etapa, tanto la FGR como la defensa exponen sus argumentos de cierre sin presentar pruebas nuevas, sino conectando las ya exhibidas. Más de 250 de los procesados se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Las leyes salvadoreñas permiten la acumulación de penas por cada delito. Por homicidio, cada imputado puede recibir hasta 50 años de prisión. Al enfrentar acusaciones por agrupaciones ilícitas, rebelión y múltiples homicidios, las penas solicitadas por la Fiscalía son acumulativas, lo que podría resultar en condenas superiores a 500 años de cárcel para cada líder. Se prevé que los alegatos finales y la resolución del tribunal tomen varias semanas debido a la cantidad de imputados y expedientes.